Una ley sancionada este viernes, tras rechazar las observaciones del Gobierno interino, endurece en Bolivia el control parlamentario sobre el endeudamiento público y las donaciones destinadas a la lucha contra la COVID-19.
La norma fue promulgada por la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, que ejerce como presidenta de la Asamblea Legislativa y constitucionalmente tiene la potestad de sancionar este tipo de leyes aunque las haya rechazado el Ejecutivo.
Copa intervino de forma telemática, pues guarda aislamiento en espera de unas pruebas para ver si padece el nuevo coronavirus, en la sesión parlamentaria en que la ley fue aprobada con la mayoría de los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales.
La Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones fue aprobada tras rechazar las observaciones realizadas por la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, cuyo Gobierno interino mantiene una constante pugna con la mayoría parlamentaria del MAS.
Áñez había observado, entre otras cuestiones, que la norma fue tramitada de espaldas al Ejecutivo transitorio, advirtiendo de su inconstitucional en aspectos como la obligación que establece para que el Gobierno informe periódicamente sobre cómo aplica los recursos obtenidos por endeudamiento público y por donaciones.
El control parlamentario se centra “principalmente” en los recursos destinados a combatir la pandemia de la COVID-19, “precautelando la estabilidad y solvencia económica del Estado”, señala la ley, que establece que será la Asamblea la que autorice o rechace este endeudamiento y fiscalice cómo se administran las donaciones.
El Ejecutivo transitorio acusa al MAS de bloquear en el Parlamento partidas por cerca de 1.700 millones de dólares que están destinadas fundamentalmente a reforzar la sanidad pública para atender enfermos de coronavirus, con créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de donaciones de distintos países.
El MAS advierte que esos créditos pueden incluir condiciones intervencionistas en la economía del país y critica que las donaciones no están suponiendo una mejora del sistema público de salud, con reportes de centros sanitarios desbordados para atender el aumento de casos del nuevo coronavirus.
Bolivia reporta 1.638 decesos y 44.113 positivos de COVID-19, en un país de unos 11 millones de habitantes, por lo que según estudios como los que publica la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos está entre los más afectados del mundo por esta pandemia en comparación con su población y en cuanto al porcentaje de fallecidos respecto a los casos confirmados de la enfermedad.
EFE
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