El máximo peligro de la elección es el Presidente

La Constitución Política de Colombia no concibe al Presidente de la República como jefe de una facción, de una militancia o de la mitad del país. Quien resulta elegido presidente adquiere el deber superior de gobernar para todos los colombianos, sin distingo de origen político, ideológico, social o regional. Esa es la esencia del mandato democrático: ganar una elección no autoriza a apropiarse del Estado ni a convertir la Presidencia en una plataforma de combate electoral permanente.

Gustavo Petro, desde el inicio de su gobierno, ha demostrado exactamente lo contrario, posición que ha intensificado ahora en su fase final. Su mandato no ha sido el de un presidente dedicado a unir a la Nación, sino el de un dirigente empeñado en mantener viva la confrontación, dividir al país entre amigos y enemigos, ricos y pobres, empresarios y desempleados, indígenas y población civil, entre otros, para convertirse en un presidente faccioso. Esa forma de ejercer el poder totalitaria ya era grave durante el gobierno; pero se vuelve mucho más delicada cuando el país entra en la recta definitiva de la sucesión presidencial.

Colombia se prepara para elegir nuevo presidente en primera vuelta el próximo 31 de mayo y, de ser necesario, en segunda vuelta el 21 de junio. En ese contexto, el Presidente de la República tiene un deber reforzado de neutralidad, prudencia institucional e imparcialidad electoral. No puede actuar como jefe de debate, no puede usar su investidura para favorecer al candidato de su preferencia, Iván Cepeda.

Sin embargo, eso es precisamente lo que estamos viviendo. Gustavo Petro ha intervenido abierta y atrevidamente en el debate político, con una conducta que vulnera el espíritu de la Constitución, desconoce los límites legales de la función pública y compromete la confianza ciudadana en la limpieza del proceso electoral. No se trata de una opinión aislada ni de una simple diferencia de interpretación: el propio Consejo de Estado ya le transmitió un mensaje inequívoco al ordenarle abstenerse de difundir contenidos de propaganda electoral. Aun así, lejos de corregir, el Presidente volvió a intervenir en política, enviando a la sociedad un mensaje de desobediencia a la justicia, lo que constituye un grave quebrantamiento a la institucionalidad, al Estado de Derecho.

Esa conducta es cuestionable, reprochable y profundamente peligrosa. Quienes pasen a segunda vuelta —sean quienes sean— tienen derecho a competir en condiciones de equilibrio, sin la sombra de un angustiado presidente saliente que utiliza el poder del Estado para favorecer al candidato de su preferencia. Y los ciudadanos tienen derecho a votar sin que la Presidencia de la República se convierta en un actor político, una maquinaria de presión simbólica, institucional y política.

Petro está tan preocupado por quién será su sucesor que parece haber olvidado que todavía es Presidente de todos los colombianos. Su afán de apoyar a Iván Cepeda, no sólo constituye una indebida injerencia electoral, sino que puede terminar produciendo el efecto contrario: despertar en millones de ciudadanos la necesidad de elegir a alguien con la independencia, la firmeza y la valentía suficientes para revisar a fondo las actuaciones de este gobierno.

Porque el próximo presidente no sólo tendrá la tarea de gobernar hacia adelante. También tendrá el deber de mirar hacia atrás, revisar con seriedad lo ocurrido durante estos años y, si encuentra mérito jurídico, promover las investigaciones, responsabilidades y acciones correspondientes. Más aún cuando Gustavo Petro ya enfrenta un deterioro de su imagen ante la comunidad internacional:  su inclusión en la lista OFAC de Estados Unidos y los señalamientos asociados a esa decisión muestran que su futuro político y judicial no está despejado, ni dentro ni fuera del país.

Por eso es indispensable formular reparos públicos, jurídicos e institucionales frente a esta participación descarada del Presidente en la campaña. Colombia no puede normalizar que quien ocupa la más alta magistratura del Estado actúe como jefe de campaña. No puede permitir que la imparcialidad electoral sea destruida desde el propio poder Ejecutivo.

La democracia colombiana necesita garantías reales, no discursos. Necesita que los órganos de control actúen, que la autoridad electoral se pronuncie, que el Consejo de Estado haga cumplir sus decisiones y que todo el pueblo rechace con firmeza cualquier intento de interferencia presidencial en la voluntad popular. Las FFMM deben respaldar las acciones de las Altas Cortes y llegado el caso estudiar la forma de colocar una barrera al irrespeto presidencial.

A Petro hay que frenarlo institucionalmente, con la Constitución en la mano y la voz de la ciudadanía.  El presidente saliente debe entender que no es dueño del Estado, que no es árbitro de su propia sucesión y que el poder que recibió de los colombianos no puede ser usado para manipular la elección del próximo mandatario.

El país necesita votar en libertad. Y esa libertad exige el cumplimiento de una regla elemental: el Presidente no puede meter las manos en la campaña.

Valga recordar las enseñanzas del gran filósofo griego Aristóteles: “… la libertad democrática consiste en gobernar y ser gobernado por turno, quien termina su mandato no puede torcer el sufragio para prolongar su poder ni convertir el Estado en instrumento de partido.”

Pildorita: Mañana sin falta todos debemos cumplir con el deber ciudadano de votar. Hacerlo temprano es lo mejor