El gobierno de Petro ha firmado tres decretos para apoyar al sector agropecuario en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha un plan de emergencia para apoyar el sector agropecuario en la región del Catatumbo, afectada por el conflicto armado y el orden público. A través de tres nuevos decretos, el gobierno busca mitigar las dificultades que enfrentan los campesinos y productores de la zona, con el fin de asegurar la producción de alimentos y la estabilidad de las cadenas productivas en el campo.

Los decretos 106, 107 y 108 de 2025 establecen medidas para proteger a las comunidades campesinas y étnicas del Catatumbo, las cuales han visto alterada su actividad agrícola debido a la violencia. Además, el gobierno busca garantizar la continuidad de la producción agropecuaria en una región que atraviesa graves problemas sociales y económicos.

Uno de los aspectos más destacados de estos decretos es la implementación de un mecanismo de alivio para pequeños y medianos productores. Se contempla la suspensión temporal de cobros al sector agropecuario, lo que permitirá a los campesinos hacer frente a las dificultades financieras derivadas de la crisis. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) podrá, por otro lado, contratar directamente bienes y servicios necesarios para garantizar el apoyo e incentivos al sector.

Además, los Fondos Especiales de Fomento Agropecuario destinarán un 2% de sus contribuciones parafiscales para proteger las cadenas productivas y los sistemas agroalimentarios de las regiones afectadas por la conmoción interior. Esta medida busca evitar el colapso de la economía rural.

El gobierno también ha activado acciones inmediatas para proteger las semillas y materiales de propagación de las comunidades agrícolas en el Catatumbo. Se implementarán medidas urgentes en los próximos 30 días para garantizar la seguridad alimentaria en la región.

Como parte de su enfoque integral, el gobierno ha señalado que trabajará en la recuperación de la cartera agropecuaria de la región. Esto incluirá programas de refinanciación de las deudas de los campesinos y productores afectados por la crisis. Además, el sistema nacional de crédito agropecuario adoptará medidas para aliviar la carga financiera del sector.

Otro de los puntos clave de los decretos es la protección de tierras y la prevención del acaparamiento de tierras agropecuarias, un problema histórico en el país. Se autoriza el uso de tierras de propiedad pública para proyectos agropecuarios o para alojamiento temporal de personas desplazadas.

Finalmente, los decretos incluyen medidas para facilitar la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzoso, permitiendo la expropiación administrativa de tierras en proceso de adquisición directa. Esta acción tiene como objetivo garantizar el retorno de las personas desplazadas por el conflicto armado y asegurar la continuidad de sus actividades agropecuarias.

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