Fotos de redes sociales.
El gobierno estadounidense oficializó la designación del Clan del Golfo como organización terrorista y lo incluyó en la Lista Clinton, una movida que pone en jaque los diálogos de paz que el mandatario colombiano viene impulsando con esta estructura armada.
La terrorista clasificación, anunciada por el Departamento de Estado y respaldada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implica bloqueo total de recursos económicos, persecución financiera global y prohibición absoluta para cualquier ciudadano o empresa norteamericana de tener contacto con el grupo o sus miembros.
Esta banda criminal, señalada como la mayor exportadora de cocaína del territorio nacional, ahora enfrenta sanciones internacionales que van más allá del congelamiento de cuentas: cualquier transacción con sus integrantes queda completamente vetada bajo la legislación de Estados Unidos.
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La decisión llega apenas semanas después de que en Doha, capital de Catar, representantes del gobierno de Petro y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia se reunieran el 5 de diciembre para avanzar en conversaciones exploratorias. El objetivo: lograr un desarme progresivo y pacificar las zonas donde opera esta estructura, que cuenta con aproximadamente 7.000 combatientes distribuidos en múltiples departamentos.
Pero ahora todo se complica. La etiqueta de «terroristas» no solo dificulta los canales diplomáticos, sino que genera presión internacional sobre Colombia y limita jurídicamente cualquier acercamiento formal con el grupo.
El secretario de Estado Marco Rubio fue claro: «Seguiremos usando todos los instrumentos disponibles para frenar la violencia y el terror de los carteles transnacionales».
La declaración se produce tras operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico que dejaron 95 muertos en enfrentamientos relacionados con rutas del narcotráfico.
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