El contrabando marca la actividad en Tulcán, fronteriza con Colombia
Ecuador y Colombia anunciaron hoy que fortalecerán la cooperación en materia de seguridad e intercambio de inteligencia en la frontera común, tras el ataque que el martes dejó tres soldados ecuatorianos muertos y siete heridos.
En los últimos tres meses se han intensificado las agresiones contra fuerzas y estructuras de seguridad ecuatorianas acantonadas en la región limítrofe con Colombia, atribuidas a grupos armados relacionados con el narcotráfico y que dan cobijo a esa actividad, fenómeno que ha obligado a setos países a aunar esfuerzos para combatirlo.
La ciudad ecuatoriana de Tulcán, fronteriza con Colombia, albergó hoy una reunión con carácter extraordinario de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), mecanismo de coordinación en seguridad entre los dos países a raíz del atentado de esta semana en la provincia de Esmeraldas, que causó la muerte de los uniformados.
“Hemos concluido esta reunión de alto nivel con autoridades de seguridad y defensa de los dos países, Colombia y Ecuador, con conclusiones muy importantes para la seguridad de la zona fronteriza”, dijo el viceministro ecuatoriano de Defensa Nacional, Felipe Vega, al término del encuentro.
Precisó que se analizaron vías para robustecer la seguridad a lo largo de la divisoria, especialmente en el departamento colombiano de Nariño y las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi.
“Hemos establecido una serie de acuerdos que van a redundar en un aumento de efectivos de seguridad en la zona fronteriza”, manifestó.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el mes pasado que redoblaría la presencia de tropas en la zona limítrofe en una cumbre binacional celebrada en la localidad colombiana de Pereira junto al mandatario de Ecuador, Lenín Moreno.
Ecuador había exigido que las fuerzas tuvieran una presencia permanente en sus destacamentos a lo largo del límite territorial y que no se limitaran a patrullar y regresar a sus bases decenas de kilómetros al norte de la demarcación.
La frontera entre los dos países, de 600 kilómetros, es un área porosa para el contrabando de drogas, productos y personas, y está controlada en buena medida por grupos que se dedican al contrabando aprovechando diferentes vías fluviales.
El viceministro ecuatoriano de Defensa precisó que entre las acciones aprobadas hoy por ambos Gobiernos figuran el intercambio de información, la capacitación de fuerzas y la transferencia de experiencias de las fuerzas militares y policiales.
Por su parte, su homólogo colombiano, Aníbal Fernández, confirmó que “ese análisis en la frontera nos ha permitido tomar decisiones”, en términos de “fortalecimiento de inteligencia, generar operaciones y acciones coordinadas que redunden en una mayor seguridad para la región”.
El responsable colombiano habló de “compromisos puntuales en materia de compartir información, centros coordinados de inteligencia” entre las fuerzas de seguridad de ambos países, y “avanzar en el intercambio de experiencias en materia de derechos humanos”.
La cita tuvo lugar en la Brigada 31 “Andes”, del Ejército ecuatoriano en Tulcán, capital de la provincia andina de Carchi.
En ella participaron además de los viceministros de Defensa de ambos países, representantes del Interior, de las cancillerías y de las unidades de inteligencia de los dos países.
Al inicio los responsables de ambas partes guardaron un minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos.
A finales de enero, el Ejército ecuatoriano reforzó la seguridad en la divisoria con suelo colombiano tras una explosión contra la principal comisaría de Policía de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, que dejó 28 heridos y severos daños materiales a infraestructuras.
Los responsables de seguridad de ambas naciones ratificaron hoy continuar con la agenda de reuniones enmarcadas en Plan Operativo Anual Binacional para dar seguimiento a las medidas encaminadas a combatir las agresiones a ambos lados de la frontera.
La Constitución ecuatoriana impide expresamente que fuerzas de otra nación puedan realizar actividades o establecer bases en suelo nacional al considerar que se trataría de una vulneración de su soberanía.
EFE
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