Reglamentación de Medellín como Distrito pretende dar más poder al AMVA que a otras autoridades ambientales

Corantioquia expuso que la reglamentación para Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación “pone en riesgo la institucionalidad ambiental como garante de equilibrios ambientales urbano regionales” que se consideran necesarios en la lucha por el desarrollo sostenible y la gestión del cambio climático.

Se trata del Proyecto de Ley 371 de 2022 que está en el primer debate de la Comisión Primera del Senado, que Corantioquia expone que incorpora en su artículo seis algo que no se consideró en el acto legislativa 01 de 2021, y es que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejerza la autoridad ambiental en el área rural de Medellín.

De acuerdo con Corantioquia, el argumento que usan es que el SIATA es propiedad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por lo que supuestamente la entidad tiene mayor capacidad de realizar gestión del riesgo.

Sin embargo, Corantioquia asevera que esto va en contravía de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1625 de 2013 que establece que las funciones y competencias de las áreas metropolitanas solo recaen sobre su perímetro urbano.

La denuncia se centra en que los municipios deben ser la primera autoridad en sus territorios en cuanto a la gestión del riesgo, función que no puede recaer sobre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Corantioquia “como autoridad ambiental regional, frente a la gestión del riesgo es garante de la identificación e incorporación de áreas naturales estratégicas y áreas de amenaza natural, como determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, concibiendo al municipio como un territorio ecológica y ambientalmente conectado con la región”, explica la entidad, que además manifiesta que esperaba que ese proyecto de ley “y le diera mayor solidez a las instituciones para la gestión territorial desde la ciencia, la tecnología y la innovación”.

No obstante, expresa que como hasta el momento está redactado el proyecto de ley, retira la competencia de Corantioquia como autoridad ambiental y le resta la capacidad a las instituciones para “colaborar, coordinar y cooperar en el logro de la gestión ambiental regional”.

También se habla de que al AMVA tener mayor autoridad, podría haber un conflicto de intereses considerando que el alcalde de Medellín preside la Junta Metropolitana, por lo que podría salir beneficiado frente a temas como el Plan de Ordenamiento Territorial.

Finalmente, Corantioquia expone que el proyecto de ley no contempla temáticas esenciales para Medellín y Antioquia como lo son los corregimientos y veredas, las subregiones, el desarrollo rural, gestión integral de los ecosistemas ni la a transferencia de capacidades a otros municipios y autoridades ambientales.

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