Foto de archivo
El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc confirmó el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca en zona rural de López de Micay, después de interceptarlos mientras realizaban labores de instalación de equipos en la región.
El secuestro se registró el jueves 17 de julio, cuando los empleados departamentales.
Entre las personas retenidas se encuentran Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Las disidencias justificaron la retención argumentando que los funcionarios estaban “haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”, con el supuesto propósito de inhibir señales y derribar drones en la zona.
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Según las disidencias, estos equipos estarían causando cortes de señal móvil y wifi, situación que ha sido reportada por las comunidades locales de la región.
En su comunicado, el grupo armado acusó al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, de destinar recursos no solo para alimentación y combustible, como anunció públicamente, sino para la adquisición de equipos militares que supuestamente están siendo instalados por funcionarios departamentales.
“Coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades”, señaló el comunicado de las Farc.
Las disidencias calificaron la retención como legítima y advirtieron que evaluarán el contenido de los equipos decomisados mientras verifican la identidad de cada uno de los retenidos.
El grupo armado aseguró que los funcionarios “tendrán las mejores condiciones” y manifestó la esperanza de que las operaciones militares en curso “no pongan en riesgo sus vidas”.
Además, lanzaron una advertencia a los alcaldes del Cauca para que no involucren a funcionarios civiles en “tareas de guerra” y pidieron a las comunidades informar sobre cualquier presencia de personal “extraño” en zonas bajo influencia de las Farc-EP.
Se calificó la falta del Intendente como gravísima, a título de dolo
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