Foto: Freepik/archivo.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un hombre señalado de estar involucrado en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Valle del Cauca, en el marco de una investigación orientada a desarticular redes dedicadas a la explotación ilícita de oro en esta zona protegida.
De acuerdo con las autoridades, el proceso hace parte de una estrategia interinstitucional enfocada en identificar y afectar estructuras criminales que estarían operando en áreas de especial importancia ambiental, generando graves impactos en los ecosistemas del parque.
El señalado fue identificado como Juan Diego Acosta, quien, según la investigación, estaría vinculado a la operación de dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro, los cuales habrían funcionado sin contar con títulos mineros ni permisos ambientales.
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Minería ilegal y afectaciones ambientales
Las labores investigativas señalan que el implicado, en posible articulación con otras personas, habría promovido el uso de explosivos y sustancias altamente contaminantes como el mercurio para la extracción de oro. Estas prácticas, de acuerdo con los elementos recopilados, habrían generado afectaciones en el agua, el suelo, la flora y la fauna del área protegida.
Asimismo, se estableció que el material aurífero extraído de estos frentes de explotación era comercializado de manera ilegal en distintas zonas del suroccidente del país, incluyendo Cali, así como los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, Cauca.
Cargos y decisión judicial
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, imputó a Acosta los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos, e invasión de área de especial importancia ecológica.
El procesado aceptó los cargos formulados en su contra. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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