Fotografía de archivo para referencia en la nota
Desplazamiento en Buenaventura podría derivar en una crisis humanitaria, van 60 familias que se han visto obligadas a dejarlo todo por las conductas vulneratorias de derechos humanos de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
Como llamado de la Defensoría del Pueblo, es perentorio que las instituciones del orden nacional, en trabajo articulado con los entes del Valle del Cauca y del Distrito Portuario, implementen acciones que atiendan y protejan a las poblaciones afectadas.
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Las familias pertenecen a la comunidad afro Joaquincito Libre —perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca.
Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas.
Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera que es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada.
También es apremiante que a los núcleos familiares confinados y a quienes llegaron y están en proceso de arribar vía fluvial al Distrito costanero, les brinden las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales —como a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros— no continúen siendo vulnerados.
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