Foto: Captura de video.
En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, se logró desarticular una red delictiva que presuntamente cobraba sumas millonarias a ciudadanos para direccionar procesos judiciales, evitando medidas cautelares y la ejecución de órdenes de captura. En la operación fueron capturadas nueve personas, entre ellas funcionarios de la Policía Nacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y particulares vinculados a la Sijin y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El entramado criminal habría funcionado durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, y se centraba en la manipulación de procesos por lavado de activos. Según las investigaciones, los implicados exigían sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, con el fin de impedir acciones judiciales en su contra, como medidas de extinción de dominio sobre sus bienes o la ejecución de órdenes de captura.
Entre los capturados se encuentran:
• Policía Nacional: capitán Nelson Pinzón, subintendentes Carlos Mendieta y Leonardo Padilla, y patrullero Michael Laguado.
• CTI: Jimmy Rodríguez y Luis Villalba.
• Exfuncionarios de la Policía y del Inpec: Luis Riveros y Rosember Gil.
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Las investigaciones revelan que los presuntos responsables se valieron de sus cargos para presionar a los afectados, mostrando información reservada sobre los procesos judiciales y restringiendo testigos para que entregaran datos falsos cuando las víctimas no accedían a pagar las sumas solicitadas. Incluso, habrían intimidado a uno de los investigadores líderes para obtener detalles sobre las causas que les interesaban y eliminado evidencia para alterar el curso de las investigaciones.
Los operativos de captura se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), bajo la coordinación del Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía para atender estos casos de corrupción.
De acuerdo con las autoridades, los implicados serán imputados por múltiples delitos, entre los que se incluyen: concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía destacó que este tipo de investigaciones son fundamentales para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos judiciales, así como para proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos de funcionarios que ostentan cargos de confianza en instituciones públicas.
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