El 7 de diciembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación reportó un importante golpe a la delincuencia en el norte del país, tras la captura de nueve individuos que conformaban una red criminal dedicada al fraude bancario. Esta organización, que operaba principalmente en ciudades de la región Caribe como Santa Marta y Barranquilla, obtuvo más de 3.000 millones de pesos a través de la suplantación de identidades.
Según las autoridades, los delincuentes se valían de empleados bancarios para acceder ilegalmente a bases de datos de clientes, lo que les permitió solicitar tarjetas de crédito, productos bancarios y abrir cuentas corrientes a nombre de personas ajenas a la organización. La operación fue liderada por una red de reclutadores, quienes pagaban a ciudadanos vulnerables para obtener sus datos personales, huellas dactilares y fotografías necesarias para abrir cuentas y obtener productos financieros fraudulentos.
La investigación detalló cómo los miembros de la banda se distribuían las tareas: los reclutadores eran responsables de contactar a las víctimas y conseguir sus datos, mientras que otros miembros de la red controlaban la creación de productos financieros, como tarjetas de crédito, y gestionaban la solicitud de datáfonos para “establecimientos comerciales” falsos. A través de estos mecanismos, la banda lograba realizar transacciones fraudulentas con las tarjetas emitidas, obteniendo grandes sumas de dinero sin que las víctimas se dieran cuenta.
El fraude se realizaba de manera organizada: las tarjetas de crédito obtenidas ilegalmente eran cargadas con grandes cupos y luego se utilizaban en los datáfonos que la banda había solicitado, simulando transacciones comerciales. Al final, los delincuentes realizaban compras y transferencias de dinero sin el conocimiento de las víctimas.
Un fiscal especializado en delitos informáticos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ninguno de los nueve detenidos aceptó los cargos, aunque el material probatorio recolectado por las autoridades es contundente.
La Fiscalía aprovechó para advertir a los ciudadanos sobre la importancia de proteger sus datos personales, dado que este tipo de fraudes pueden realizarse sin el conocimiento de las víctimas. Las autoridades sugieren que nunca se proporcionen datos personales, especialmente en contextos desconocidos, y se debe tener cuidado al compartir información con desconocidos, incluso si parece una oferta legítima.
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