Momento de la captura del abogado Paulo Enrique Muñoz López. Foto: Fiscalía.
Momento de la captura del abogado Paulo Enrique Muñoz López. Foto: Fiscalía.
Minuto30.com-. La nueva maniobra ilegal detectada por la Fiscalía, en la que habría participado Paulo Enrique Muñoz López, abogado del representante transportador Pedro Aguilar, terminó por favorecer a Jesús Hernán Lasso Villota, un exintegrante del Grupo de Automoteres de la Sijín de Valle del Cauca procesado por el denominado ‘Cartel de la Chatarrización’.
En febrero de 2017 el uniformado fue capturado, imputado y enviado a la cárcel como presunto responsable de avalar los peritajes irregulares que Pedro Aguilar presentaba de camiones que no cumplían los requerimientos de chatarrización, y que le permitieron recibir subsidios del Ministerio de Transporte.
Dos meses después, el abogado Paulo Muñoz solicitó ante un juez de control de garantías de Bogotá la sustitución de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por detención domiciliaria. Para sustentar la petición, la defensa presentó un dictamen médico legal falso, en el que decía que Lasso Villota estaba en grave estado de salud no compatible para permanecer en un centro de reclusión.
Tras la reciente detención de Paulo Enrique Muñoz López, por la supuesta participación en el engaño judicial que permitió a Pedro Aguilar quedar en libertad, la Fiscalía revisó las actuaciones del abogado en otros procesos y descubrió el nuevo caso.
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Los investigadores evidenciaron varias inconsistencias en el dictamen presentado en abril de 2017, con el que el exintegrante de la Sijín recibió detención domiciliaria; por ejemplo, tenía un número serial que no corresponde a los utilizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal lo que demostraría la falsedad.
Por tal razón, la Fiscalía obtuvo orden de captura contra Lasso Villota, la cual se hizo efectiva en su lugar de residencia.
El fiscal 21 del Grupo Especializado Gespol solicitó la legalización de la detención, con fines de cumplir la medida de aseguramiento impuesta en 2017, petición aceptada por un juez de control de garantías.
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