Foto de archivo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no ordenar las capturas de los seis congresistas investigados por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), siguiendo el concepto favorable emitido por la procuradora segunda delegada para Juzgamiento Penal, Martha Luz Canabal Martínez.
La decisión afecta a los legisladores Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Julián Peinado, quienes integraban la Comisión de Crédito Público y están siendo investigados por presuntamente recibir contratos de la UNGRD a cambio de apoyar los empréstitos de la Nación.
La procuradora Canabal Martínez expuso que «se encuentran pruebas que indican la participación de los sindicados» en la investigación, consideró que «la medida de detención preventiva no se considera necesaria, ni urgente, ni proporcional, ni razonable».
La funcionaria destacó que los congresistas investigados no han mostrado señales de que «pretendan evadir la justicia» y han sido «diligentes para atender los llamados de la justicia», lo que pesó en la evaluación del riesgo procesal.
A pesar del concepto favorable de la Procuraduría, las autoridades judiciales no estuvieron completamente unificadas en su decisión.
El magistrado Misael Rodríguez, quien está a cargo del caso, presentó a sus colegas de la Sala de Instrucción una ponencia solicitando la orden de captura contra los legisladores involucrados.
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Sin embargo, la mayoría de los magistrados decidió finalmente dejar a los congresistas en libertad, aunque continúan vinculados al proceso penal que se adelanta por el escándalo que ha salpicado al Gobierno Nacional.
La investigación continúa su curso en la Sala de Instrucción, donde las autoridades judiciales deberán determinar si existen elementos suficientes para formular acusación contra los legisladores involucrados, quienes por ahora mantienen su libertad pero siguen bajo la lupa de la justicia.
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