Foto de archivo.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas señaladas de integrar una red dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos utilizados en la extracción ilegal de minerales en Antioquia y el Eje Cafetero.
Según las investigaciones, la estructura obtenía explosivos como ANFO, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en países vecinos como Ecuador, Venezuela y Perú, ingresándolos al país de manera clandestina. Los elementos eran transportados ocultos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas, almacenados en inmuebles de Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia) y luego distribuidos a distintos entables mineros.
Además, se conoció que la red desviaba barras de indugel de empresas legalmente constituidas, que contaban con autorización para el uso industrial de estos explosivos.
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Los cinco implicados fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente por los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Cuatro de los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Entre ellos se encuentra el presunto cabecilla, Elkin Riascos, junto con sus socios Dubán Velásquez, Diego Cruz y Luz Mery Valencia, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dinero relacionado con la actividad ilícita. El quinto implicado, John Franco, continuará recluido en un centro carcelario, donde permanece por otro proceso en su contra, tras ser identificado como transportador de los explosivos.
Las evidencias recaudadas también señalan que Riascos y Velásquez tenían a su cargo una planta de beneficio y una mina en Marmato (Caldas) que operaba sin los permisos legales ni ambientales requeridos.
La Fiscalía destacó que la captura de estos presuntos delincuentes es un paso importante en la lucha contra la minería ilegal y el tráfico de explosivos en la región.
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