Denuncian amenazas y disparos contra reclamantes de tierras en Curumaní (Cesar)

Hombres armados amenazaron y dispararon contra los reclamantes de tierras en Curumaní (Cesar), denunciaron sus acompañantes, entre ellos el abogado de los reclamantes, defensores de los derechos humanos y un equipo periodístico.

El periodista independiente italiano Bruno Federico explicó que los hechos sucedieron el martes en la vereda de Pitalito, en el municipio de Curumaní e indicó que aunque nadie resultó herido, la comunidad corre peligro.

El equipo periodístico y humanitario viajó hasta ese punto para documentar la situación de esta comunidad de 30 familias y un centenar de personas, que han sido desplazados de sus tierras en al menos dos ocasiones, cuando aparecieron dos supuestos trabajadores del terrateniente y palmicultor Juan Manuel Fernández de Castro.

Fernández de Castro es un empresario de palma africana con un poder consolidado en el Cesar que sostiene un conflicto con la comunidad de Pitalito por la tenencia de la tierra.

“Fuimos donde tenían sus cultivos desalojados por la fuerza pública cuando llegan estos dos tipos, primero amenazan a dos personas de la comunidad y después amenazan al abogado (que les acompañaba). Como no se iban hicieron dos disparos a 20 centímetros de la llanta de nuestro vehículo”, relató el periodista.

Después, los campesinos y el equipo acompañante salieron corriendo pero los hombres volvieron a disparar en dos ocasiones más, una de ellas contra Federico, que no dejó de grabar la escena y que resultó ileso.

“Es una comunidad que está desplazada y tiene el derecho de volver a su tierra pero no puede porque se la conquistó un beneficiario por el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS, 2005)”, un escandaloso plan del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que otorgó ayudas a acaudalados empresarios del campo colombiano.

Tras regresar a su territorio en los primeros años de la década del 2000, la comunidad fue de nuevo desplazada, en esta ocasión al parecer por los hombres de Fernández de Castro.
“Ahora la comunidad se encuentra desplazada sin asistencia del Estado”, denunció Federico.

La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazaron los hechos en un comunicado conjunto posterior a la denuncia.

Estas organizaciones rechazaron “este tipo de atentados que son una clara violación a la libertad de prensa” e hicieron “un llamado a las autoridades para que ofrezcan todas las garantías a este tipo de cubrimiento periodístico”, para que se investiguen estos ataques y se refuerce la protección a las víctimas del despojo.

“Se trata de asuntos que resultan prioritarios en la agenda nacional y que según ha podido registrar la FLIP han estado ausentes en buena parte de los medios de comunicación colombianos”, agregó el comunicado.

Bogotá, 4 dic (EFE).-