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El departamento del Chocó atraviesa una grave crisis humanitaria tras tres días del paro armado impuesto por el ELN, lo que ha generado un riesgo de desabastecimiento de alimentos y medicinas en varias zonas.
La situación se agrava con las fuertes lluvias que ya han dejado a 180.000 personas damnificadas, complicando aún más la capacidad de la región para hacer frente a la emergencia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, condenó el bloqueo, asegurando que la medida vulnera el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a la Paz de las comunidades afectadas.
“La población tiene el derecho a vivir en paz. Es urgente que el ELN permita el acceso humanitario sin restricciones para atender las necesidades críticas de estas comunidades”, destacó Ortiz.
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En zonas como Istmina y Medio San Juan, los colegios están cerrados y existe un creciente riesgo de enfermedades respiratorias debido a las condiciones de salubridad.
Además, la falta de víveres desde antes del inicio del paro armado amenaza con agravar la situación de desabastecimiento, poniendo en peligro la salud de miles de personas.
Aunque el ELN ha autorizado un corredor humanitario desde el 13 de noviembre, las restricciones sobre las embarcaciones fluviales continúan complicando la entrega de ayudas, generando una creciente preocupación entre las autoridades y la población.
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