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En las últimas horas el Ministerio de Justicia, dirigido por Néstor Osuna, dio a conocer el decreto que fija los parámetros para que más de 5.000 madres cabeza de familia condenadas, queden en libertad.
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La sustitución de la pena será con labor social para aquellas sentenciadas con penas de prisión de una duración igual o menor a ocho años, por delitos como hurto, certificación falsa por un funcionario público, pertinencia, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles, pero además, deben ser madres cabeza de hogar o tener a su cargo hijos con algún tipo de incapacidad.
Las beneficiarias de esta estrategia deberán afiliarse al sistema de seguridad social, y quienes no tengan capacidad de pago para cotizar, será la Secretaría de Salud la que realice este trámite, además de afiliarlas al Sistema de Riesgos Laborales, para poder ejercer trabajos de recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables, entre otras actividades asignadas por un juez como sustitución de la medida privativa de la libertad.
La duración del trabajo social, dependerá del número de semanas a las que cada madre esté condenada. Es decir, por cada semana de medida intramural pendiente, debe realizar cinco horas de trabajo social. Esto con la intención de que paralelamente, pueda cumplir sus responsabilidades en el hogar y accedan al sistema educativo o consigan trabajo.
El decreto también explica el procedimiento en caso de que la beneficiaría incumpla el acuerdo, pues será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien determine “la gravedad del incumplimiento, requerimiento a la condenada, dentro del marco del debido proceso».
Según el decreto, el objetivo de esta ley es atender la situación del sistema carcelario y priorizar la resocialización, de acuerdo a lo estipulado en el Plan Nacional de Política Criminal.
Lea el decreto completo aquí:
decreto-1451-del-04-de-septiembre-de-2023-compressed
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