Declaran nulo el POT de Cali: La administración busca aclaraciones

La Alcaldía de Santiago de Cali ha solicitado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que aclare los efectos jurídicos de la reciente sentencia que declaró la nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, aprobado en 2014.

La solicitud busca mitigar el impacto de la decisión y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

¿Qué significa la nulidad del POT?

El POT 2014 sigue vigente hasta que el Tribunal aclare los efectos de la sentencia. Su marco normativo continúa aplicándose en todos sus alcances y efectos jurídicos.
Los actos administrativos relacionados con planes parciales y licencias urbanísticas, entre otros, no se ven afectados por la nulidad del POT.
La renovación urbana en el centro de la ciudad y el área de expansión no está en peligro inminente. Los planes parciales en ejecución se basan en el marco regulatorio del POT 2000 (Acuerdo 069 del 2000), lo que garantiza su legalidad.

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¿Qué pasa con los planes de ordenamiento territorial?

Los POT no tienen fecha de vencimiento. Pueden revisarse y ajustarse al inicio de cada nuevo período administrativo de alcaldes, según los periodos establecidos en la ley 388 de 1997.

La Administración Distrital está comprometida con el desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar de los ciudadanos. Por eso, continuará trabajando en la actualización del Plan de Ordenamiento.

¿Qué es un Plan de Ordenamiento Territorial?

Los POT son instrumentos orientadores del territorio que regulan la utilización, transformación y ocupación del mismo.

Buscan un aprovechamiento sostenible del suelo y mejoran la calidad de vida de los habitantes.

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A pesar de que las actuaciones que generaron la nulidad corresponden a una administración anterior, el objetivo de la actual administración es garantizar la ejecución de programas y proyectos que beneficien a los caleños.

La Administración Distrital ha  avanzado en la estrategia jurídica y técnica pertinente para proteger los intereses del Distrito y el bienestar general de la ciudadanía caleña en el marco de la seguridad jurídica.

 

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