Cuatro alcaldes señalados de otorgar millonarios contratos a particulares que financiaron sus campañas electorales

La Fiscalía General de la Nación logró la imputación de cuatro mandatarios locales, dos del Chocó, uno de Córdoba y uno de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por más de 3.700 millones de pesos.

En todos los casos, los fiscales y los investigadores de la Dirección Especializada contra la corrupción ponen al descubierto complejos entramados que afectan los procesos democráticos.

En el departamento del Chocó, se imputó a los alcaldes de Bojayá y Bajo Baudó, J. Moreno y J. J. Murillo, respectivamente, por otorgar contratos a quienes habrían financiado sus campañas electorales en el año 2015.

Para el caso de Bojayá, la Fiscalía evidenció que el actual alcalde habría entregado contratos por más de 900 millones de pesos para el suministro de insumos y servicios al señor E. Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones de pesos para su campaña, violando el régimen de topes de financiación.

En el municipio de Bajo Baudó, Chocó, el actual alcalde habría entregado contratos por $353 millones y por $345 millones a los señores Eladio Urrutia y Yesid Salazar, quienes habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a los 5 y 3 millones de pesos, respectivamente.

Respecto al departamento de Córdoba, las investigaciones recayeron sobre el alcalde de San Bernardo del Viento, cuyo alcalde adjudicó seis contratos por más de $670 millones de pesos al señor P. A. Negret Ramos, quien habría aportado cerca de siete millones de pesos a su campaña.

En Cundinamarca, el ente investigador encontró que en el municipio de Vergara se otorgaron contratos a dos financiadores de la campaña de la actual primera mandataria, Ana María Mahecha Olarte.

Cuatro de los contratos de obra de Vegalarga fueron entregados a la señora Ma. J. Castillo Lugo, por un monto superior a los $1.558 millones; mientras que tres contratos de alquiler de obra se adjudicaron a J. A. Cifuentes Arias, por $31 millones. Los dos favorecidos habrían entregado sumas cercanas a los 5 y 9 millones de pesos para financiar la campaña de la actual alcaldesa. En este caso, además de la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se estudia la posible comisión del delito de falsedad en documento privado.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.