Foto:Tomada de redes sociales
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció en medio de la controversia generada en Bogotá por un intento de hurto en el que uno de los implicados portaba un dispositivo de monitoreo electrónico asociado a una medida de detención domiciliaria.
El caso reabrió el debate sobre la efectividad del sistema de vigilancia de personas privadas de la libertad fuera de centros carcelarios.
La discusión tomó fuerza luego de que autoridades distritales señalaran presuntas fallas en el control de estos mecanismos.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó públicamente la operación del modelo de detención domiciliaria, al advertir que no se trataría de situaciones aisladas y que existirían casos de reincidencia delictiva por parte de personas con este tipo de medidas.
En su pronunciamiento, el mandatario expresó que: “no son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad”. Además, añadió: “los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle”.
Cómo funciona el sistema de monitoreo
Frente a las críticas, el INPEC explicó que el control de las personas con detención domiciliaria se realiza a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), un sistema encargado de realizar seguimiento en tiempo real a la ubicación de los usuarios mediante dispositivos electrónicos.
Según la entidad, este mecanismo permite detectar alertas como desplazamientos no autorizados, manipulación del brazalete o pérdida de señal, lo que genera notificaciones automáticas para su verificación. Estas alertas son revisadas y reportadas a las autoridades judiciales competentes.
El sistema también se apoya en operativos de verificación en terreno, que incluyen visitas periódicas para corroborar el cumplimiento de las medidas. De acuerdo con la información entregada por la entidad, se realizan en promedio alrededor de 1.300 inspecciones semanales en distintas regiones del país.
Actualmente, el esquema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones en todo el territorio nacional.
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Respuesta del INPEC sobre el caso en Bogotá
En su comunicado, el INPEC fue enfático en señalar que el sistema de brazaletes electrónicos no presenta fallas estructurales ni sistémicas. La entidad aseguró que los dispositivos funcionan con tecnología de georreferenciación y monitoreo satelital permanente, lo que permite su seguimiento continuo las 24 horas del día.
Además, explicó que el sistema opera de manera articulada con diferentes instituciones, en las que participan el propio INPEC y el CERVI en el monitoreo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el soporte tecnológico, y los jueces de ejecución de penas como autoridad encargada de tomar decisiones frente a posibles incumplimientos.
La entidad también señaló que el sistema genera múltiples tipos de alertas automáticas en tiempo real, las cuales son reportadas para su análisis y posible intervención judicial cuando se detectan irregularidades.
El caso que generó la controversia
Frente al hecho ocurrido en la capital, el INPEC indicó que la persona involucrada en el intento de hurto había sido cobijada con detención domiciliaria desde enero de 2026. Según la información oficial, este individuo habría acumulado múltiples incumplimientos de la medida, incluyendo decenas de transgresiones relacionadas con el control de su ubicación.
Estos reportes, de acuerdo con la entidad, fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes mediante los procedimientos establecidos.
El INPEC aclaró además que no tiene la facultad de revocar las medidas de detención domiciliaria, ya que esta decisión recae exclusivamente en los jueces de ejecución de penas, quienes evalúan los informes enviados por el sistema de monitoreo.
En palabras de la entidad: “Es importante aclarar que la única persona autorizada para revocar la medida y que esta transgresión tenga consecuencias es el juez de ejecución de penas con base a los informes del Inpec, los cuales, reiteramos se han hecho y están documentados”.
Debate abierto sobre el control
Aunque el INPEC insiste en la solidez del sistema de vigilancia y en la existencia de herramientas tecnológicas para el seguimiento de los casos, los hechos recientes en Bogotá han intensificado el debate público sobre la efectividad del modelo de detención domiciliaria.
La discusión ahora se centra no solo en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, sino también en la articulación entre las entidades responsables y la respuesta judicial frente a los incumplimientos registrados.
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