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Minuto30.com .- La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de pruebas para esclarecer posibles inconsistencias en el reporte de recursos durante la consulta interna de octubre de 2025. El excandidato presidencial, quien fue derrotado en la contienda por Abelardo De La Espriella, enfrenta un nuevo frente judicial.
Un nuevo escenario legal se abre para el senador Iván Cepeda. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el inicio de una indagación previa para verificar si existieron anomalías en el manejo de los fondos que financiaron su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025, proceso en el que Cepeda obtuvo cerca del 65 % de la votación frente a Carolina Corcho y Daniel Quintero; este último se había retirado de manera prematura, asegurando el aval del oficialismo antes de medirse en las elecciones presidenciales.
El despacho del magistrado Francisco Farfán lidera las actuaciones y dispuso de oficio el recaudo de testimonios y pruebas documentales. «El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones», señaló la Corte Suprema a través de un comunicado.
Las acciones radicadas ante el alto tribunal cuestionan la forma en que se reportaron recursos provenientes de dos fuentes específicas:
Javier Antonio Pérez: Registró una supuesta donación de $116 millones de pesos, suma que sobrepasaría el límite legal permitido para aportes de personas naturales en campañas políticas.
Samat Publicidad S.A.S.: Empresa con sede en Barranquilla que figuraba con un aporte de $609 millones de pesos. Este reporte encendió las alarmas debido a que la ley electoral colombiana prohíbe de forma tajante que las personas jurídicas otorguen donaciones a campañas presidenciales.
Pese a las decisiones adoptadas por la Corte Suprema, el caso cuenta con un antecedente clave; en enero pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no abrir investigación administrativa contra el excandidato, determinando que los montos en cuestión no correspondieron a donaciones ilegales, sino a errores en la categorización contable de los ingresos y gastos parciales.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia continuará con la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados revisten carácter penal o si el expediente debe ser archivado.
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