Foto tomada de archivo
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 6 años y 8 meses de prisión contra la exfuncionaria María Gilma Gómez Sánchez.
La cual se desempeñó como directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro.
La decisión se relaciona con el contrato No. 638 de 2013, celebrado con Green Patcher Colombia (GPC) por $11.822 millones.
El cual fue destinado al mantenimiento de la malla vial de Bogotá.
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Según la sentencia leída, la ingeniera Gómez Sánchez tramitó el contrato de forma artificiosa.
Y camuflo este contrato como un acuerdo de ciencia y tecnología en lugar de una obra pública.
La Corte Suprema destacó que la elección directa del contratista no tenía justificación.
Ya que el contrato no implicaba una transferencia tecnológica preponderante, sino que la tecnología era una ventaja accesoria.
Además, se reveló que los estudios previos eran precarios y GPC carecía de idoneidad para los trabajos de repavimentación parcial de las vías.
La Corte concluyó que la exdirectora actuó con dolo, participando activamente en el comité de contratación a pesar de ser advertida sobre la inviabilidad de la contratación directa.
La sentencia confirmó la condena y revocó la inhabilidad intemporal impuesta.
Por lo tanto se argumenta que no se causó afectación al patrimonio público, requisito necesario para ese tipo de castigo penal.
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