Foto de Instagram @maclaudiat.
La UNP deberá ofrecer disculpas públicas a la familia del fallecido exsenador Miguel Uribe Turbay, luego de que la Corte Constitucional concluyera que el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, excedió los límites de la libertad de expresión al entregar información sobre el esquema de seguridad del dirigente político y aspectos de su vida familiar.
La decisión se produjo tras el estudio de una tutela presentada por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, quien cuestionó las declaraciones realizadas por el exfuncionario.
La Corte también determinó que la entidad no respondió de manera adecuada las solicitudes formuladas por la esposa del exsenador.
Según el alto tribunal, Rodríguez reveló información reservada relacionada con la seguridad de Uribe Turbay y datos de su ámbito íntimo sin contar con autorización para divulgarlos. Además, consideró que sus declaraciones afectaron la honra y el buen nombre del exsenador después de su fallecimiento.
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La Corte aclaró que el exdirector de la UNP no fue responsable de la narrativa relacionada con un supuesto “autoatentado”, pero sí señaló que realizó afirmaciones inexactas al sugerir que el comportamiento de Miguel Uribe Turbay habría tenido incidencia en el atentado que terminó con su vida.
El tribunal también hizo énfasis en la protección que debe brindar el Estado a quienes ejercen oposición política y señaló que el discurso oficial debe evitar señalamientos que puedan presentar a los opositores como enemigos.
Como medida de reparación, la UNP tendrá 48 horas para realizar un acto público de disculpas a la familia, mediante una rueda de prensa de alcance nacional. Además, deberá responder de manera clara y motivada la solicitud de rectificación presentada por Tarazona.
La entidad también recibió un plazo de un mes para modificar sus protocolos internos y establecer reglas que impidan divulgar información de seguridad relacionada con la intimidad de las personas protegidas.
Finalmente, la Corte ordenó crear un equipo de seguimiento integrado por la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para revisar los esquemas de seguridad de líderes de oposición en situaciones de alto riesgo.
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