El lío de los contratos de prestación de servicio que desnudó la desidia del Estado

Miles de contratistas del Estado se mantienen en alerta permanente desde finales del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro dijo que acabaría con esa modalidad contractual en el país, por considerarla una especie de vejamen contra los trabajadores.

La tensión aumentó cuando César Manrique, el director de la Función Pública dijo a través de una circular, que ningún contrato de prestación de servicio sobreviviría después de abril del 2023.

El asunto escaló tanto que llegó inclusive hasta el despacho de la Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien reaccionó con unas declaraciones que apuntaron a sembrar dudas acerca de la asertividad de la circular enviada por la Función Pública.

La funcionaria fue clara en advertir que lo demandado por la Función Pública era prácticamente imposible de cumplir en ninguna entidad en un período tan corto, cuatro meses.
Así las cosas, se desvelaba un canal de comunicación roto entre el ministerio y la entidad encargada de orientar las políticas de funciones en el Estado.

César Manrique, preguntado por Minuto30 de 30Minutos, aceptó que si bien la circular emitida por su despacho causa un natural desconcierto entre el universo de entidades contratantes y contratistas, sus líneas no se convierten en una camisa de fuerza, de hecho, se compromete a implementar la flexibilidad necesaria con tal que esas entidades puedan cumplir razonablemente con sus funciones y sus deberes legales.

El asunto es, dice Manrique, que lo sucedido despeja un panorama preocupante: las entidades del Estado, en su mayoría, no han cumplido con un mandato de la Corte Constitucional de hace 12 años, y de lo pactado en la Constitución del 91, en el sentido de que los departamentos de talento humano de esas entidades deben, año tras año, actualizar sus plantas de personal, con lo cual pueden minimizar la necesidad de contratistas temporales.

Uno de los casos más visibles y traumáticos está en el sector de la salud en el que desde hace años se acumulan vacantes neurálgicas sin que se corrija a tiempo y con decisión gerencial, algo que afecta gravemente a los usuarios del sistema de salud nacional.

La Función Pública dice que el Estado está en mora de poner en práctica las denominadas nóminas temporales, que según sus criterios, son mucho menos lesivas contra los intereses de los trabajadores.

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