Contraloría advierte que persiste incumplimiento a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

La Contraloría General de la República advirtió este martes  que no ha avances significativos en la Ley 1448 y a los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, concernientes a la reparación de las víctimas del conflicto y la restitución de tierras. Para el órgano de control, se refleja  “un incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales.”

Alertó que la falta de un plan financiero ha sido un obstáculo para la puesta en marcha de los decretos, “tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016″, explicó la Contraloría.

“La Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria”, advirtió.

La Contraloría recordó que además de las limitaciones presupuestales actuales, aún persisten problemas en la coordinación y articulación de las diferentes entidades del Gobierno que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y, más aún, entre la nación y las entidades territoriales.

Para el ente de control, muestra de estas dificultades es que a la fecha, ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado.  

Además, el 93% de las víctimas no han sido indemnizadas y se presentan inconvenientes en la atención en salud física y psicosocial de víctimas de violencia sexual. También persiste la falta de participación de víctimas en proyectos sociales y se mantiene la preocupación por la falta de seguridad a líderes sociales en las regiones del país.

La Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para avanzar en la implementación. Además, resaltó “la oportunidad que representa el fin del conflicto y la implementación del Acuerdo Final para avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas y en la trasformación de sus condiciones de vida”.