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El Consejo de Estado tumbó la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Rodolfo Hernández.
El excandidato presidencial había sido inhabilitado por ocho meses, tras golpear al concejal Jhon Jairo Claro durante su mandato como alcalde de Bucaramanga.
La sanción del ente de control hacía referencia a que incumplió con el deber de tratar con respeto y dignidad al cabildante.
Dicha suspensión emitida en 2019, también incluyó una multa de $95 millones, que ahora debe ser devuelta a Hernández.
La decisión se dio luego de que el afectado instauró una demanda contra la Procuraduría, basándose en el control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, el fallo dice:
Revocar la sentencia proferida el cinco de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda para, en su lugar, concederlas parcialmente.
Declarar la nulidad del fallo del 20 de diciembre de 2019, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante el cual el demandante fue sancionado disciplinariamente con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 8 meses, la cual se convirtió al monto del salario devengado para la época de los hechos; así como la nulidad del fallo del 18 de agosto de 2020, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que la confirmó.
Como restablecimiento del derecho, ordenar a la Procuraduría General de la Nación la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al demandante, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad.
Como restablecimiento del derecho, se declara que el señor Rodolfo Hernández Suárez no está obligado a pagar la suma de $95.662.760, impuestos en la Resolución No. 07836 del 25 de septiembre de 2020. No obstante, en caso de que el demandante hayo realizado el pago de dicho monto económico a la Tesorería del municipio de Bucaramanga, se ordena a la Procuraduría General de la Nación reconocer y pagar al demandante la suma de $95.662.760.
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