El conflicto entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Gobierno Nacional se agudizó luego de que un juez en Bogotá ordenara el embargo de cuentas oficiales por una deuda superior a $83.000 millones.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Minas y Energía una inspección a EPM, lo que generó fuertes reacciones en Medellín y Antioquia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial, afirmando que el Gobierno ignoró los intentos de diálogo y calificó la inspección como una represalia política. “Convoco a las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender nuestra empresa 100% pública”, expresó.
Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, rechazó el embargo, argumentando que las cuentas estatales son inembargables y que el Gobierno ha cumplido con gran parte de los pagos pendientes. También cuestionó la gestión de EPM, señalando problemas en regiones como la Costa Caribe.
La inspección ordenada por el Gobierno busca evaluar el cumplimiento de normas en la prestación del servicio de energía. Con esta decisión, la disputa entre la Administración de Medellín y el Gobierno Nacional escala, dejando a EPM en el centro del debate sobre el manejo de recursos y la autonomía de la empresa.
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