Foto sacada de redes sociales.
Una sentencia considerada ejemplar por autoridades y organizaciones sociales fue dictada en contra de José Erley, el pastor que fue hallado responsable de cometer graves delitos contra su hijastra en zona rural del municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas.
El pastor deberá cumplir una pena de 43 años y seis meses de prisión tras la decisión de un juez de la República.
El caso causó indignación en el país desde abril de 2025, cuando comenzaron a circular videos de cámaras de seguridad. En las imágenes se observaba a una menor de 13 años corriendo descalza por una vía destapada mientras pedía ayuda desesperadamente e intentaba cubrirse con una sábana.
De acuerdo con la investigación judicial, la adolescente logró escapar de una vivienda ubicada en la vereda San Andrés, un sector rural cercano al límite entre Chinchiná y Santa Rosa de Cabal. La menor habría aprovechado un momento de descuido de su agresor para huir y pedir auxilio a trabajadores y vecinos del sector.
Uno de los habitantes que escuchó los gritos decidió acercarse para verificar lo que estaba ocurriendo y alertó a otras personas de la comunidad. Mientras esto sucedía, el hoy condenado intentó escapar del lugar en una camioneta, pero durante la huida perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.
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Tras el choque, el hombre abandonó el carro e intentó ocultarse en una zona de vegetación cercana. Sin embargo, varios habitantes lograron ubicarlo y lo retuvieron hasta que llegaron uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes lo trasladaron inicialmente a un centro médico antes de ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.
Durante el proceso, el testimonio de la menor resultó clave para esclarecer lo ocurrido. La víctima relató ante las autoridades que había sido retenida y amenazada, situación que le generaba temor constante por su integridad.
El caso fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del acusado por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado contra una menor de edad.
Finalmente, el juez avaló un preacuerdo alcanzado antes del juicio oral, con el objetivo de evitar la revictimización de la adolescente durante el proceso judicial. En su decisión, el despacho dejó claro que, por la gravedad de los hechos, el condenado no tendrá derecho a beneficios judiciales, por lo que deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro penitenciario.
La sentencia ha sido interpretada como un mensaje contundente contra los delitos sexuales cometidos contra menores y como un precedente en la región frente a casos de abuso infantil.
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