Foto: Ilustrativa
La Procuraduría General de la Nación sirvió de mediador en el encuentro interinstitucional convocado para cumplir un fallo con el que las comunidades Wayuu en la Guajira, no están de acuerdo.
El polémico fallo ordena no hacer consulta previa pero si analizar posibles impactos a la comunidad Wayuu, Ceibita Macedonia, por la construcción de una cárcel para la Guajira ordenada por la Corte Constitucional en Riohacha.
Sin embargo el avance es relativo, toda vez que en el primer acercamiento, donde las comunidades reiteraron los permanentes incumplimientos del estado en materia de promesas para superar crisis por agua, educación y salud entre otras, lo único establecido es una nueva reunión en febrero.
El asesor para Asuntos Étnicos delegado por la Procuradora Margarita Cabello Blanco para liderar el encuentro, Jeferson Mena, aseguró que el Ministerio Público participará en las jornada de febrero y en todo el proceso como garante del cumplimiento de los compromisos, pero que ahora el balón está en terreno del Gobierno Nacional.
El funcionario señaló que “hoy acordamos una ruta absolutamente clara y que esperamos cumplan las partes”, al tiempo que manifestó que la PGN garantizará que todo lo pactado se cumpla.
Directamente la comunidad no se opone a la construcción del centro carcelario, pero si que se de prioridad a inversiones de este tipo y no a soluciones definitivas a los problemas que por décadas han tenido que padecer.
Los Wayuu son escépticos frente a la ejecución de decisiones que les ayuden a sus comunidades a resolver los tradicionales problemas históricos por el que, entre otros, se registran muertes de niños por desnutrición y deshidratación.
Sin embargo, las comunidades, siguen abiertas a escuchar, a plantear las problemáticas y esperar resultados.
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