Minuto30.com-. Según la Contraloría General de la República, la compra de kilo de pechuga de pollo por $40 mil pesos, dentro de la ejecución de Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, durante el segundo semestre de 2016, se dio a través de la empresa Comercializadora La Nueva Esperanza, que en la Cámara de Comercio de esta ciudad registra como actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio.
El organismo de control estableció con la DIAN que “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”.
Sin embargo, en la auditoría que realizó el organismo de control se verificó que en las facturas que presentó la empresa contratista (Consorcio Proescolares), entre ellas la de compra de pechuga por $40 mil, se deducía el valor del IVA.
Indicó la Contraloría, además, que “varios interrogantes se plantean también alrededor de la relación familiar de primer grado que habría entre el representante legal de la Comercializadora La Nueva Esperanza y el antiguo dueño de la empresa contratista consorciada”.
En lo que es de competencia de la Contraloría General de la República, “lo que no tiene duda es que se facturaron y pagaron alimentos con un exorbitante sobreprecio”.
“Y aún más, que el contratista presentó unos precios ante la fiducia respectiva y otros ante la administración distrital. Los primeros ajustados al mercado y los segundos con los sobreprecios que finalmente vino a detectar la auditoría realizada por la CGR”, añadió.
Para el suministro del programa de alimentación escolar para el segundo semestre de 2016 se celebró el 5 de agosto del mismo año el contrato No. 52 con el Consorcio Proescolares, por valor de $15.831 millones, con recursos de regalías.
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Y el 26 de diciembre se aprobaron vigencias futuras por valor de $7 mil millones 886 mil pesos, para ampliar el servicio contratado en 28 días calendario, con el mismo contratista.
Se evidencia en los documentos contractuales que para legalizar el anticipo, por valor de $4.749 millones, ante la fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, en virtud de la fiducia de administración par garantizar la destinación de los recursos, el Consorcio Proescolares presentó facturas con los siguientes valores_
Sin embargo, para legalizar los pagos ante el Distrito de Cartagena el contratista soportó sus gastos en alimentos con facturas donde los valores anteriores se incrementaron ostensiblemente, así:
Con las facturas presentadas al Distrito de Cartagena, el contratista indicó que invirtió entre otras, la suma de $2.539 millones en compra de alimentos para la elaboración de las raciones alimentarias. Situación que no fue debidamente verificada por el Distrito, señaló la Contraloría.
“La fiducia tiene un contrato de administración para verificar la debida indebida inversión de los recursos públicos destinados al anticipo, razón que puede explicar porque el contratista le presentó facturas con valores ajustados al mercado, más no hizo lo mismo para soportar lo pagos realizados por el Distrito”, añadió.
Los procedimientos permitieron incautar estupefacientes y afectar las finanzas ilegales de la estructura.
Las intervenciones buscan en debilitar las economías ilegales y reforzar el control en la ciudad.
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