El Gobierno colombiano firmó este jueves el Acuerdo de Escazú, con el que se busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe, con el compromiso de que el país sea «líder en la gestión ambiental global».
«Haciendo referencia a nuestra Constitución tenemos el artículo 23 que hace una especial mención al acceso a la información veraz y oportuna para todos los ciudadanos. Escazú promueve el acceso transparente a la información en materia ambiental», manifestó el presidente colombiano, Iván Duque, al divulgar la firma del acuerdo.
El acuerdo se firmó inicialmente en marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, producto de seis años de reuniones de líderes de la región que buscaban una solución a los conflictos socioambientales.
Para que entre en vigor se necesita que el acuerdo sea firmado y ratificado por al menos 11 países.
Hasta el momento lo han firmado 22 países, de los cuales solo Bolivia, Colombia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay lo han ratificado.
En ese sentido, Duque señaló que «la protección irrestricta del medio ambiente» y «la defensa del desarrollo sostenible» hacen parte de lo que une al país, por lo cual firmó el acuerdo como parte de la «Conversación Nacional» que él convocó con distintos sectores políticos, económicos y sociales del país para discutir diversos temas en medio de las masivas protestas contra su Gobierno.
«Creo que es una oportunidad y una demostración de que los colombianos podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero que hay temas que nos unen y el tema ambiental es uno de ellos», resaltó.
Agregó: «Se necesita una visión integral y transversal, se necesita integrar a todos los sectores que tienen impacto y huella para que todos asuman compromisos fehacientes».
Es por ello que pidió al Congreso que «al tiempo que se adelante la ratificación del Acuerdo de Escazú, se trabaje en su reglamentación».
«Colombia puede ser un país que transfiera conocimiento a otras acciones que estén empezando este proceso», valoró.
En septiembre pasado, organizaciones sociales y la academia, agrupadas en «la alianza por el Acuerdo de Escazú», pidieron al Gobierno que firmara el convenio «ante la crisis climática y los conflictos socioambientales».
Asimismo, argumentaron que Colombia es «el segundo país más peligroso» del mundo para los defensores del medioambiente, pues durante el año pasado fueron asesinados 24 líderes según cifras de la ONG Global Witness.
Ese convenio es el primero sobre medioambiente y derechos en América Latina, y entre sus objetivos también está el de garantizar el acceso a la información, aumentar la participación pública en la toma de decisiones y mejorar el acceso a la justicia.
EFE
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