Foto de archivo
Una grave escalada en las amenazas contra jueces y fiscales se ha registrado en el departamento del Cesar, luego de que la estructura criminal del Clan del Golfo emitiera un contundente panfleto en donde los declaraba objetivos.
La organización ilegal exige la liberación de tres de sus integrantes, advirtiendo sobre un inminente “Plan Pistola” en Valledupar si sus demandas no son acatadas. Este ataque contra la fuerza pública ha cobrado la vida de 27 policías y militares a nivel nacional en las últimas semanas.
Con un panfleto amenazante, el Clan del Golfo, envió un mensaje directo y amenazante: “Liberación para nuestros integrantes Miler, Tito y Mayck. Donde no los suelten, serán objetivos militares por el Ejército Gaitanista de Colombia”.
En un segundo y aún más alarmante mensaje incluido en el panfleto, el Clan del Golfo anuncia una nueva arremetida violenta contra los funcionarios judiciales en Cesar: “Se viene plan pistola para Valledupar. Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”.
Las amenazas identifican específicamente a la fiscal Lina Oñate y a la jueza Mónica Quiroz, lo que obligó a la Comisión de Género de la rama judicial a tomar medidas urgentes para proteger a estas funcionarias y, en general, a todos los representantes de la justicia en el Cesar.
La magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión, rechazó estas intimidaciones, afirmando: “No es posible que nuestros funcionarios no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre”.
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Asimismo, expresó solidaridad y apoyo a las mujeres del distrito judicial, asegurando que no permitirán que ningún funcionario sea víctima de amenazas o fuerza indebida.
Ante esta grave crisis de orden público y las directas amenazas contra la rama judicial, el presidente Petro ha ordenado a las Fuerzas Militares y de Policía intensificar la lucha contra el Clan del Golfo a nivel nacional.
La situación en el Cesar evidencia la urgencia de garantizar la seguridad y la autonomía de los jueces y fiscales para que puedan ejercer su labor sin temor a represalias por parte de las organizaciones criminales.
Foto sacada de redes sociales.
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