Como ya lo hicieran la semana pasada, los estudiantes, ataviados con mascarillas y guardando el distanciamiento físico entre ellos, se congregaron en las inmediaciones de la Universidad Central (Estatal) de Quito para rechazar los ajustes impuestos por el Gobierno a la educación.
“La Educación es un derecho, no es un privilegio”, fue la consigna central de la marcha que recorrió de forma pacífica varias calles de la ciudad, ante la atenta mirada de un grupo de policías que resguardó la seguridad.
“En las calles nos verán hasta tener una educación pública y de calidad” y “La educación es un gasto cuando te quieren ignorante”, fueron varias de las pancartas que destacaron durante la manifestación.
Uno de los manifestantes, Lenín Miranda, de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, indicó a Efe que la medida de presión obedece a los permanentes recortes que el Gobierno ha aplicado contra los centros académicos.
“Ya tuvimos un recorte en diciembre y otro a principios de este año”, reveló Miranda al señalar que un 30 por ciento de los profesores con contrato están en riesgo de ser desvinculados por la merma financiera ordenada por el Gobierno.
El profesor universitario se lamentó que este tipo de acciones gubernamentales haya llegado en plena crisis sanitaria, por la expansión del contagio del COVID-19.
Destacó que los manifestantes han adoptado las medidas de seguridad sanitaria más adecuadas para salir a la marcha, a la que calificó de “biosegura”, porque se han tomado en cuenta factores como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y de protectores faciales.
Insistió en que el recorte presupuestario a las universidades podría generar un impacto negativos en actividades claves como la investigación científica, la vinculación de las universidades con la sociedad y el desarrollo nacional.
Miranda indicó que, al parecer, el Gobierno ha adoptado este tipo de recortes en áreas estratégicas como la Educación, por la presión que tiene de acreedores nacionales y extranjeros para el pago de la deuda exterior.
Según él, desde hace tiempo el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha aplicado políticas para reducir la capacidad de gestión del Estado y para beneficiar a grupos poderosos y a los acreedores internacionales.
EFE
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