Foto de archivo.
La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá envió una carta al presidente Gustavo Petro, fechada el 29 de septiembre, exigiendo que el Gobierno Nacional adopte medidas urgentes contra el avance de la estructura criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.
La petición se sustenta en la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley 1108 de 2006) y busca presionar al Ejecutivo a reconocer a esta banda como una amenaza terrorista para la capital y el país.
Los concejales uribistas expresaron su «más profunda preocupación» por el crecimiento de delitos asociados al Tren de Aragua, que incluyen narcotráfico, trata de personas, extorsión, homicidios, secuestros y lavado de activos.
La alarma de los cabildantes está respaldada por cifras oficiales que, según ellos, evidencian un deterioro de la seguridad en Bogotá.
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Entre enero y agosto de 2025, se registraron 792 homicidios, de los cuales el 65% fueron cometidos con arma de fuego. Las denuncias por extorsión alcanzaron los 1.433 casos, con aumentos significativos en localidades como Kennedy y San Cristóbal.
El secuestro reapareció con fuerza, sumando 29 casos en lo corrido del año, lo que representa un dramático incremento del 222% frente al año anterior. A esto se suma un alza del 11 % en el hurto a personas, con registros no vistos desde 2014.
Finalmente, insistieron en la obligación constitucional del Gobierno de garantizar la seguridad y enfrentar con decisión al terrorismo y la delincuencia organizada.
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