Fotos Policía
La Policía Nacional capturó 10 personas en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba), señaladas de hacer parte de una red de testaferrato al servicio de alias “Fritanga”.
Fueron cinco años en los que el Grupo Investigativo Lavado de Activos de la DIJIN, recopiló información contable, tributaria y financiera, con la que logró identificar que Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga” narcotraficante colombiano, quien fue uno de los cabecillas del “Clan del Golfo”, junto con otras personas desde el año 2005 al 2019, habría coordinado la compra de varios bienes que puso a nombre de sus familiares y allegados.
“Fritanga”, habría utilizado su núcleo familiar y personas de confianza para registrar bienes muebles e inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros producto del narcotráfico, avaluados aproximadamente en nueve mil millones de pesos.
Entre los capturados están su esposa, su exesposa, su excompañera permanente, su contador, un tío, un hermano, su madre y hasta su conductor.
Los investigadores y los peritos contables de la DIJIN rastrearon un total de 9.600 millones de pesos, a través de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles que fueron objeto de medidas de extinción de dominio por parte de las autoridades en el año 2008.
Durante la investigación se logró establecer que estas personas no contaban con la capacidad económica para la compra de los mismos, y que además no pudieron soportar documentalmente el origen lícito de los dineros con los cuales fueron adquiridas las diferentes propiedades.
Durante las diligencias de allanamiento y registro fueron incautados más de 800 millones de pesos en efectivo y dos armas de fuego de corto alcance.
Las 10 personas capturadas fueron puestas a disposición de un juez con función de control de garantías constitucionales, La Unidad Nacional Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación solicitó imposición de medida no privativa de la libertad, la cual no fue acogida por el Juzgado penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, decretando la libertad de los 10 imputados; sin embargo, estas personas siguen vinculadas al proceso penal afrontando las etapas del juicio en libertad.
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