Foto de cortesía.
Se generó controversia en Antioquia luego de que se conocieran denuncias sobre un presunto impedimento para el ingreso de estudiantes a un centro educativo indígena en el municipio de Mutatá.
De acuerdo con lo señalado por el gobernador Andrés Julián Rendón, alrededor de 64 niños no estarían pudiendo asistir a clases en las sedes Chontadural Cañero y El Silencio del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi.
Según el mandatario, las autoridades del resguardo indígena habrían impedido el acceso a las instalaciones educativas, lo que ha generado preocupación por la continuidad del derecho a la educación de los menores.
“Ayer, un líder de la comunidad y padre de familia intentó abrir los salones para que los niños retomaran sus clases, pero se lo impidieron”, afirmó Rendón.
En medio de esta situación, también se conoció que este padre de familia habría sido sometido a un castigo tradicional conocido como “cepo”, lo que intensificó el debate sobre los límites entre la jurisdicción indígena y los derechos fundamentales.
“El padre de familia continúa sometido al cepo”, aseguró el gobernador, quien además hizo un llamado a priorizar el bienestar de los niños.
Desde la Gobernación reiteraron la necesidad de encontrar una solución que permita el regreso a clases de los menores y el análisis de las medidas adoptadas dentro del resguardo.
Por su parte, integrantes de la comunidad indígena han señalado que el cabildo ejerce autoridad dentro de su territorio, lo que abre la discusión sobre la autonomía de estas comunidades frente a las normas nacionales.
Hasta el momento, no se ha informado de una decisión definitiva que permita resolver la situación, mientras persiste la preocupación por el acceso a la educación de los niños.
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