Foto de Archivo.
La Fiscalía radicó una nueva solicitud de imputación de cargos contra Nicolás Petro, ahora por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Esta nueva acción se suma a una investigación previa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según la Fiscalía, la nueva acusación se basa en cinco contratos con la Gobernación del Atlántico que sumaron más de $3.000 millones de pesos.
Estos acuerdos, firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), estaban destinados a centros de atención para adultos mayores y a estudiantes con discapacidad, pero los servicios nunca se prestaron.
La Fiscalía asegura que Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, habrían recurrido a empresas como Grupo Delta y Fucoso para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita.
Estos recursos, que no correspondían a su actividad económica, fueron presuntamente utilizados para financiar un lujoso estilo de vida que incluyó la compra de una casa en Tubará, joyas y procedimientos estéticos.
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Según la acusación, en uno de los contratos se detectaron irregularidades en la subcontratación de personal, donde se reportaban salarios superiores a los que realmente se pagaban.
Con esta solicitud, es la segunda vez que se pide una medida de aseguramiento en su contra, lo que refuerza la gravedad del caso Nicolás Petro.
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