Foto de archivo.
Una estructura criminal dedicada a la manipulación de expedientes y la extorsión sistemática ha sacudido los cimientos de la justicia en Colombia. Las revelaciones de Juan Carlos Ramírez Taborda, alias ‘Manicomio’, pusieron al descubierto un engranaje de corrupción donde presuntamente funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, junto a miembros de la Policía Nacional, exigían sumas superiores a los $1.000 millones de pesos a procesados y exnarcotraficantes a cambio de definir su suerte jurídica.
Según alias ‘Manicomio’, esta red utilizaba el acceso privilegiado a información reservada para intimidar a sus víctimas, entregando incluso fragmentos de expedientes en memorias USB o servilletas frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Al parecer, el acceso a los procesos permitía a los implicados ejecutar un «libreto» de amenazas, documentado en allanamientos, que incluía seguimientos y fotografías a los afectados y sus abogados.
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Los funcionarios habrían recibido pagos para manipular peritajes forenses, dejando vacíos técnicos que eventualmente harían caer los casos ante los jueces. Como resultado de la investigación, ocho personas han sido capturadas, entre ellas agentes del CTI, policías y un supuesto abogado que habría recibido pagos de hasta $300 millones en inmediaciones del búnker.
Pese a los arrestos, el denunciante asegura que el esquema sigue vigente y que figuras con alto poder permanecen en libertad.
Ramírez Taborda señaló una falta de protección estatal efectiva, que tanto él como su abogada continúan siendo blanco de seguimientos e intimidaciones por parte de sicarios.
El acceso ilegal al sistema para descargar denuncias y las amenazas de muerte reflejan la vulnerabilidad de quienes deciden colaborar con la justicia, en un caso que evidencia cómo los tentáculos de la corrupción lograron penetrar las oficinas encargadas de perseguir el crimen organizado en el país.
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