Cárcel para tres trabajadores de la USO por secuestro agravado

El juez 46 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Libio Naranjo Walteros, Campo Elías Ortiz Marchena y Héctor Sánchez Gómez, adscritos a la USO, quienes son investigados  por los hechos ocurridos en un campamento de la petrolera Pacific Rubiales en el departamento del Meta.

En la audiencia, la Fiscalía dijo que los tres imputados son responsables de los hechos ocurridos en 2011 durante un conflicto laboral. En esa época, un grupo de trabajadores hacía reivindicaciones laborales.

Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese año hubo cesación de actividades, que en un comienzo fueron pacíficas pero que después se volvieron violentas y hubo hurtos y daños ambientales.

Los hechos más notorios y por los cuales fueron capturados los tres sindicalistas ocurrieron en los sitios conocidos como Puente Santa Helena, El Manantial y El Oriente, donde unos 150 trabajadores de 10 empresas que laboran en Campo Rubiales recibieron amenazas de muerte si no participaban en las movilizaciones de protesta.

La Fiscalía aseguró que desde  el 24 de octubre de 2011, los trabajadores que no deseaban participar en el movimiento de protesta, fueron retenidos y obligados a bajarse de los vehículos que los llevaban a sus puestos de trabajo.

La retención fue de por lo menos 5 días y para amedrentar y  causar miedo a los trabajadores que se negaban a participar en la protesta, los contenedores de descanso eran golpeados.

Con la actuación los tres imputados impidieron la libertad al trabajo de por lo menos 5.000 trabajadores. Además, la actuación de los imputados ocasionó el desabastecimiento de alimentos en la zona, falta de agua potable y el normal desarrollo de un lugar donde laboran por lo menos 14 mil personas.

La Fiscalía imputó los delitos de  secuestro agravado, obstaculización en vías públicas y violación a la libertad de trabajo, delitos que no fueron  aceptados por los imputados. Al final de la audiencia fueron enviados a la cárcel La Picota, de Bogotá.