El escandalo afecta la primera presindencia de Lula de Silva
Es el proceso judicial del «mayor escándalo corrupción del país» conocido como «mensalao», por las coimas que se pagaban por mes a legisladores para que aprobaran leyes del gobierno de Lula.
Todos pendientes de la Justicia. Brasil entero se despertó hoy en vilo por la enorme expectativa en el primer día del juicio del «más escandaloso y atrevido» esquema de corrupción que sacudió al país -tal como lo calificó el procurador general de la República Roberto Gurgel- y puso en jaque el primer gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Bautizado como el «juicio del siglo», el proceso pondrá la lupa en el escándalo protagonizado por el Partido de los Trabajadores (PT) que consistía en usar dinero no declarado de campañas electorales para sobornar a legisladores con el fin de que apoyasen leyes del gobierno en el Congreso.
Tras siete años de investigaciones comienza hoy el proceso en el seno mismo del Tribunal Supremo Federal de Brasil.
[pullquote]El caso conocido como La estafa del siglo: «el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil»[/pullquote]En el banquillo de los acusados se sentarán tres ex ministros y otros 35 políticos y empresarios, que son acusados de delitos que van desde corrupción activa y pasiva, hasta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión de divisas.
El recinto de esa corte amaneció blindado por un megaoperativo de seguridad para proteger a los 11 magistrados encargados de dictar sentencia contra los 38 acusados de participar en el esquema, conocido como el «mensalao» o mensualidad, en alusión a las coimas que recibían por mes los parlamentarios y partidos aliados del gobierno para votar a favor de las iniciativas del Ejecutivo encabezado por Lula.
La sede del Supremo Tribunal, situada en la Plaza de los Tres Poderes, frente al Palacio presidencial de Planalto y el edificio del Congreso, amaneció hoy rodeada de cercas metálicas, a fin de impedir la aproximación de curiosos o manifestantes.
Los 38 fueron calificados por el autor de la denuncia original, el ex procurador de la República Antonio Fernando de Souza, como «una cuadrilla de delincuentes» que crearon un operativo sofisticado «para perpetuar al PT en el poder».
Los ministros no tendrán contacto con la prensa ni el público durante el juicio, que no tiene plazo para terminar, pero que se espera no demore mucho más de un mes.
El Procurador Gurgel, presentó los cargos contra los acusados, e insistió en que el hombre fuerte de Lula durante su primer mandato, el ex ministro José Dirceu -que renunció en 2005- fue el líder del operativo de corrupción, y estaba por encima, incluso, de otros dos legendarios dirigentes del partido de izquierda: el ex presidente José Genoino, y el ex tesorero Delúbio Soares.
En el documento con sus alegatos finales, que fue entregado a mediados de 2011 a la Corte Suprema para que el relator del proceso, el ministro Joaquim Barbosa, realizara el informe pertinente, Gurgel pidió la condena de 36 de los 38 acusados. Los dos acusados para quienes pidió la absolución por falta de pruebas son el ex ministro de Comunicaciones del gobierno Lula, Luiz Gushiken, y Antonio Lamas, hermano de uno de los acusados.
[pullquote]»Mensalao» consistía en usar dinero no declarado de campañas electorales para sobornar a legisladores, cada mes, con el fin de que apoyasen leyes del gobierno en el Congreso[/pullquote]Según el diario «Folha de Sao Paulo», es en ese documento en el que Gurgel califica el caso como «el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil». La estafa del siglo.
Según Gurgel, el escándalo representó «un sistema de enormes movimientos financieros al margen de la legalidad, con el objetivo espurio de comprar los votos de los parlamentarios considerados especialmente relevantes por los líderes delincuentes».
Uno de los primeros asuntos que el Supremo se puede ver obligado a resolver es la situación del magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de sus once miembros, quien de 1995 a 2006 fue abogado del PT y en la misma época en que surgió el escándalo se desempeñaba como subjefe de Asuntos Jurídicos del ministerio que dirigía Dirceu.
Con información de clarin.com
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