Imagen tomada de Semana
Minuto30.com .- En un giro histórico, pero profundamente polémico, los últimos líderes de las extintas FARC-EP reconocieron este lunes su responsabilidad en el reclutamiento, abuso sexual y otros vejámenes, así como la utilización sistemática de 18.677 menores durante el conflicto armado.
A pesar de admitir crímenes de lesa humanidad que incluyen abusos sexuales, abortos forzados y torturas, la cúpula guerrillera evitaría la prisión ordinaria, acogiéndose a las denominadas “sanciones propias” de la justicia transicional.
El reconocimiento: 18.677 infancias destruidas
Tras años de negación, el antiguo secretariado, encabezado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el grupo insurgente convirtió el reclutamiento infantil en una política de guerra. Según los datos del Caso 07:
Política sistemática: 9.870 menores de entre 15 y 17 años fueron reclutados bajo directrices formales.
Violación de sus propias reglas: 5.691 niños tenían 14 años o menos al momento de ser vinculados a las filas.
Daños irreparables: Londoño admitió que el reclutamiento derivó en homicidios, interrupciones forzadas del embarazo y violencia de género que “generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten”.
El debate nacional se centra en las sanciones que recibirán estos cabecillas por crímenes de tal magnitud. Al igual que en la sentencia por los 21.396 secuestros (Caso 01), los siete exjefes guerrilleros —Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Parra— recibirán la Máxima Sanción Propia.
¿En qué consiste la pena?
En lugar de pagar décadas de cárcel por crímenes de guerra, los condenados cumplirán 8 años de trabajos restaurativos. Esto incluye:
Proyectos de búsqueda de personas desaparecidas.
Labores de desminado humanitario.
Tareas de recuperación ambiental.
Actos de memoria y reparación simbólica.
El impacto de la “Mea Culpa”
Para muchos sectores de la sociedad civil y víctimas, estas penas resultan irrisorias frente a la gravedad de los hechos confesados. Mientras los excomandantes trabajarán en proyectos sociales por menos de una década, miles de jóvenes que pasaron por sus filas quedaron con sus “trayectorias vitales profundamente alteradas”, muchos de ellos sin regresar jamás a sus hogares.
Sin embargo, para la JEP, este modelo es el “hito judicial” necesario para obtener la verdad que la justicia ordinaria nunca pudo documentar. Por primera vez, se conoce la evolución de las prácticas atroces y las políticas que hicieron posible el horror del reclutamiento infantil en Colombia.
El 10 de agosto de 2021 JEP establecía que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC-EP; La Sala anunciaba que se analizarían tres grupos de conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y basada en género; desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. La Sala determinaría además si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales.
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