Foto de cortesía.
Hoy, 7 de junio de 2026, se cumple exactamente un año del trágico atentado en Bogotá que cobró la vida del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Un hecho que conmocionó al país y que es recordado como uno de los magnicidios más dolorosos en la historia política reciente de Colombia.
Hace un año, Uribe Turbay se encontraba realizando una actividad proselitista en el Parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá). Mientras se dirigía a sus seguidores desde una tarima improvisada, un menor de 15 años armado le disparó en múltiples ocasiones, impactándolo gravemente en la cabeza, el cuello y una pierna.
El congresista fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Fe, donde libró una larga y difícil batalla. A pesar de haber sido sometido a múltiples y complejos procedimientos neuroquirúrgicos, falleció 65 días después, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, debido a las severas complicaciones médicas derivadas del ataque.
Un año después de que el sonido de las balas irrumpiera en su campaña, el caso ha presentado importantes avances judiciales por parte de los organismos de investigación:
Autores materiales: El menor de edad que accionó el arma fue aprehendido inmediatamente el día de los hechos. Posteriormente, en el desarrollo de las pesquisas, las autoridades lograron la captura de alias ‘El Costeño’, señalado como el coordinador logístico del crimen en el terreno.
Autores intelectuales: En marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación logró armar el rompecabezas del magnicidio, determinando que tuvo motivaciones políticas. El ente acusador señaló directamente a la disidencia armada conocida como la Segunda Marquetalia, emitiendo órdenes de captura contra ‘Iván Márquez’ y otros cabecillas de esa estructura criminal por ordenar el asesinato.
En el marco de este primer aniversario, el panorama judicial y político se ha visto sacudido por un nuevo ingrediente que ha desatado una fuerte controversia nacional. María Claudia Tarazona ha elevado graves denuncias públicas sugiriendo una posible implicación de sectores del actual Gobierno en el magnicidio del precandidato.
Según los señalamientos de Tarazona, existirían presuntas irregularidades y cabos sueltos en el desarrollo de la investigación oficial. Sus declaraciones apuntan a que habría un interés desde las altas esferas del poder en encubrir detalles clave sobre el complot que buscaba silenciar a la figura de oposición. Estas graves acusaciones han generado un profundo revuelo político, acompañadas de la exigencia a los entes de control para que abran nuevas líneas de investigación que esclarezcan si hubo algún grado de participación, omisión o complicidad estatal en la planificación del asesinato.
El asesinato de Miguel Uribe desató en su momento una fuerte oleada de rechazo nacional e internacional. Organismos globales como Naciones Unidas, la OEA y Human Rights Watch condenaron enérgicamente el acto, advirtiendo sobre el peligro que corre la democracia cuando la violencia interfiere en las urnas.
A nivel local, el hecho unió a la ciudadanía en la recordada «Marcha del silencio», donde miles de personas salieron a las calles vistiendo de blanco para exigir el cese de la violencia política.
Hoy, a 365 días del atroz atentado y en medio de un clima de tensión por las nuevas hipótesis denunciadas, la memoria del exsenador sigue presente entre su familia, sus simpatizantes y un país que aún busca verdad, justicia y garantías de que el debate de las ideas no volverá a ser silenciado por las armas.
El hombre era requerido por autoridades internacionales por su presunta participación en una red de…