Foto: Cortesía
La Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de un nuevo implicado en el ataque sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, deberá cumplir medida de aseguramiento en prisión tras ser señalado como coordinador de las acciones previas y posteriores al atentado del pasado 7 de junio en el barrio Modelia.
Los investigadores reunieron pruebas contundentes que apuntan a que Arteaga Hernández sostuvo encuentros con William Fernando González, quien ya está judicializado, para planificar el ataque. Uno de estos encuentros tuvo lugar el 4 de junio en la localidad de Bosa.
Además, alias ‘El Costeño’ es señalado de contactar y ofrecer dinero a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y a un menor de edad para que participaran en el hecho, asignando roles específicos a cada uno.
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Días antes del atentado, el 6 de junio, Arteaga habría vigilado el parque El Golfito, sitio donde Uribe Turbay tenía programado un evento comunitario, con el objetivo de establecer posibles rutas de escape.
El día del ataque, en las cercanías del lugar del evento, se presume que ‘El Costeño’ se reunió con Katherine Andrea y Carlos Eduardo en un vehículo. Allí, se le habría entregado al adolescente el arma de fuego con la que se dispararía contra el precandidato presidencial.
Tras el atentado, ‘El Costeño’ y la mujer habrían huido en un vehículo conducido por González Cruz, quien los esperaba cerca del parque. Posteriormente, se habrían concertado para vender el celular del conductor, en un intento de desviar la investigación de las autoridades.
Una fiscal especializada imputó a Arteaga Hernández por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas estas conductas agravadas. Adicionalmente, se le imputaron cargos por uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos, pero un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Estas acciones investigativas, fruto del trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional, han permitido la judicialización de cinco presuntos implicados en la planeación y ejecución del atentado, incluyendo al menor de edad que habría efectuado los disparos.
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