¡Atención! ELN declara “objetivo militar” a mineros que no paguen extorsiones en Antioquia

Un nuevo pronunciamiento atribuido al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN ha generado preocupación en las subregiones del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, luego de que el grupo armado advirtiera posibles acciones violentas contra mineros y empresarios a quienes señala de no cumplir con exigencias económicas impuestas por la organización.

La comunicación, fechada el 17 de mayo de 2026, circuló en medio de la compleja situación de orden público que se registra en esta zona del departamento, donde confluyen disputas entre estructuras ilegales y economías asociadas a la minería.

De acuerdo con el documento, el grupo insurgente acusa a propietarios de minas y entables mineros de mantener presuntos vínculos o acuerdos económicos con el Clan del Golfo, al que también se le conoce como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según el ELN, en algunos casos existiría el pago de un porcentaje del oro extraído a dicha estructura, situación que es usada como argumento para elevar nuevas exigencias de pago.

En el comunicado, el ELN advierte que quienes no cumplan con lo que denomina “tributos” pasarían a ser considerados objetivo militar.

“Algunos empresarios, dueños de minas, y de entables mineros respaldados por los paramilitares se han negado a pagar sus obligaciones tributarias con el ELN, mientras pagan un tributo del 10% a los paramilitares del Clan del Golfo (…) todo empresario, dueño de mina y de entable minero, debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN, quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, se lee en el documento.

El grupo armado también incluyó advertencias relacionadas con el manejo de los recursos naturales en los territorios donde tiene presencia o influencia. En ese sentido, señaló que habrá sanciones contra quienes, según su versión, generen afectaciones ambientales en la explotación minera.

“Quien violente las normas de protección ecológica y ambiental o promueva trasgredir dichas normas, será sancionado acorde a la gravedad de los daños”, añadieron.

Asimismo, el frente insurgente responsabilizó a personas señaladas de apropiarse de minas o tierras, así como a supuestos “testaferros” del Clan del Golfo, advirtiendo que también serían considerados dentro de sus acciones militares.

El pronunciamiento concluye reiterando su postura de confrontación frente a actores armados rivales y fuerzas del Estado, asegurando que continuarán con sus acciones en los territorios donde hacen presencia.

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Reacciones y contexto en la región

La difusión del comunicado se conoce en medio de una situación de seguridad que continúa siendo crítica en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, regiones marcadas por disputas entre grupos armados ilegales por el control de rentas asociadas a la minería y otros corredores estratégicos.

De acuerdo con análisis de defensores de derechos humanos, este tipo de amenazas incrementa el nivel de riesgo para quienes desarrollan actividades mineras, especialmente en zonas donde la presencia institucional es limitada y los controles son insuficientes.

“Sí queremos decir que, evidentemente, la situación de estos mineros es de un alto nivel de riesgo, toda vez que la presencia de los actores armados ilegales en la zona son las formas de control social únicas que hay en el territorio, por la ausencia de la presencia estatal”, señaló el defensor de derechos humanos Yesid Zapata en declaraciones a medios nacionales.

Por el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) frente a las acusaciones incluidas en el comunicado del ELN, ni una respuesta ampliada por parte de autoridades locales sobre posibles medidas adicionales de protección para el sector minero.

Persisten hechos de violencia en zonas del Norte y Nordeste

De forma paralela, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en Briceño, se reportaron recientes grafitis alusivos a estructuras disidentes de las antiguas Farc en varias viviendas, incluyendo la caseta comunal, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de disputa territorial entre grupos armados en el Norte y Nordeste antioqueño, donde se han presentado enfrentamientos, amenazas, homicidios y desplazamientos forzados, asociados al control de economías ilegales como la minería.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en estas subregiones mientras continúan las alertas por la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales en el territorio.