Foto de redes sociales y X @FicoGutiérrez
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con indignación a la decisión del Juzgado 27 Penal Municipal que el pasado lunes 16 de febrero, negó la medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, y otras tres personas vinculadas al proceso por presunta corrupción en contratos con sobrecostos de hasta 474%.
“En nuestro concepto, esas personas deberían estar ya en la cárcel. Somos respetuosos de la justicia, pero vamos a seguir actuando en derecho”, afirmó Fico, revelando que en la tarde de este martes, el Área Metropolitana apelará la decisión judicial para solicitar nuevamente la medida de aseguramiento.
El mandatario fue enfático al señalar que existe un entramado de corrupción que involucra a funcionarios de la administración anterior y que lo ocurrido en Medellín supera en magnitud casos emblemáticos de desfalco en otras ciudades.
Según Gutiérrez, durante las audiencias quedó demostrado que el Área Metropolitana “se lo robaron en la administración anterior” y que lo hicieron “nombrando unas personas para que siguieran instrucciones de unos terceros”. El alcalde mencionó directamente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, afirmando que “le entregaron el Área Metropolitana y se robaron en el Área Metropolitana”.
El mandatario aclaró que aunque el juez no determinó medida de aseguramiento, durante toda la audiencia “dio validez a los criterios de la Fiscalía donde mostraban y demostraban cómo direccionaron los contratos y cómo se robaron en el Área Metropolitana”.
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Fico reveló además que ya existen principios de oportunidad que evidencian la magnitud del esquema de corrupción. “Una de las personas que hizo parte de ese entramado ya tiene un acuerdo y un principio de oportunidad con la Fiscalía avalado por un juez de la República, donde entregaron los chats, donde mostraron todo”, explicó el alcalde.
Fico recordó que van 56 imputados por corrupción, y que hay capturas y extinciones de dominio a contratistas y funcionarios. “Este fiscal que lleva ese caso dijo que todo eso era una GDO, un grupo de delincuencia organizada para robarse a Medellín y los recursos del Área Metropolitana. Todos los que participaron de eso tienen que ir a la cárcel”, enfatizó.
El mandatario aseguró que a medida que avancen los procesos judiciales, la comunidad podrá conocer más detalles de lo revelado en los principios de oportunidad.
Durante las audiencias, el apoderado del Área Metropolitana, Majer Abushihab, reveló que se hallaron contratos con sobrecostos de entre 261% y 474%, en los que fueron cobrados suministros y kits con más del 200% del valor real, evidenciando un presunto detrimento patrimonial significativo.
El juez del caso explicó que aunque se cumple el requisito objetivo y existe inferencia razonable de autoría, no se satisfacen las dos finalidades necesarias para imponer una medida restrictiva de la libertad: el peligro de obstrucción a la justicia y el peligro para la comunidad.
Destacó la disposición de los procesados a colaborar con la justicia y el hecho de que ninguno ocupa actualmente cargos públicos que impliquen manejo de recursos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Área Metropolitana anunciaron que apelarán la decisión.
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