Los “consentidos” de la SAE

Más allá de la inexistencia de inventarios reales y confiables de los miles de bienes incautados o en proceso de extinción de dominio a la mafia que están bajo tutela de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, las autoridades judiciales deben investigar la manipulación del reparto de bienes a los depositarios inscritos para administrar propiedades, bienes y sociedades.

El senador Correa solicita que se esclarezca judicialmente “Todo lo concerniente a la concentración de depositarios, el software de la SAE tenía la facultad entre comillas de escoger al azar los depositarios, pero parece que tenía manipulación humana, y la manipulación humana hacía que quedaran en cinco depositarios que tenían más de 600 bienes. Esto qué quiere decir, que existían cinco consentidos por parte de la administración de su momento y los cuales tienen que entrar a justificarle, en este caso a los órganos de control, por qué siempre eran los escogidos cuando existía un universo de depositarios amplio y no entendemos las razones por las cuales solo ellos eran los escogidos”

Con documentos en mano el parlamentario costeño señala que no existe explicación para los cánones de arredramiento cobrados por la SAE de predios multimillonarios y mucho menos el afán de vender muchas propiedades por debajo de los avalúos comerciales o al menos catastrales de haciendas, casas, oficinas, locales, etc.

“Los valores de arrendamientos o cánones de arrendamiento por debajo del canon comercial o el avalúo legal que se ha podido dar, lo que genera un detrimento en contra vía del estado. Las venta de los bienes activos, el afán por venderlos en los últimos años que ha llevado a vender unos bienes, que todos sabemos por el informe de la Contraloría, que no tenían ni avalúo comercial ni avalúo catastral, entonces, ¿a qué precio se vendieron?

Aunque la Fiscalía ha avaluado los bienes incautados o en proceso de extinción de dominio en 25,7 billones de pesos, de los que no se tiene certeza de su existencia o paradero, el senador Antonio Correa considera que ante la inexistencia de inventarios y registros contables, el detrimento patrimonial para el Estado puede superar con creces la valoración de la Fiscalía.