¡En Antioquia, la paz requiere de acciones urgentes!

Según el reciente informe de la Comisión de la Verdad, entre 1958 y 2019, en Antioquia se registraron 2.261.383 hechos de violencia. En todas las modalidades de victimización el departamento aparece en los primeros lugares: secuestro, desaparición forzada, reclutamiento y hostigamiento a poblaciones. En Antioquia sucedió el 20% de todos los casos de violencia del conflicto armado y 130.000 personas fueron asesinadas. Sin lugar a dudas, Antioquia fue, y hasta cierto punto sigue siendo, el corazón de la guerra en el país.

De ahí que la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 haya significado una oportunidad histórica para pasar la página de conflicto y construir nuevos escenarios de desarrollo y reconciliación; sin embargo, a pocos meses de conmemorar el sexto aniversario del acuerdo de paz, el balance de su implementación se torna sombrío y para el departamento, asediado por la presencia de actores armados y múltiples conflictividades sociales, no corresponde con su elevado nivel de victimización.

Por ejemplo, de los recursos destinados para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aquellos instrumentos de planeación participativa que se diseñaron con las comunidades en los municipios más golpeados por el conflicto -en Antioquia se priorizaron 26-, al departamento no le ha correspondido ni el 3% del total de recursos administrado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD-Paz y fijados en 6.4 billones de pesos.

Es decir, la ejecución de la gran mayoría de las iniciativas concertadas por las comunidades en los PDET se encuentra en saldo rojo y completamente desfinanciadas.

Además, las 11.566 familias que se suscribieron al programa de sustitución de cultivos ilícitos, con la esperanza de alejarse de la ilegalidad y hacer un tránsito hacia economías lícitas en los municipios de Anorí, Cáceres, Tarazá, Briceño e Ituango, han visto sus expectativas defraudadas por una serie de incumplimientos que han impedido que cuenten con una adecuada asistencia técnica y con proyectos productivos que les garanticen estabilidad económica y su permanencia en el territorio.

Tampoco se puede pasar por alto la situación de los excombatientes de las FARC y sus familias, pues su seguridad física y económica se ha visto seriamente comprometida. Y en el departamento la situación es crítica, ya que entre 2016 y 2022 se ha registrado el asesinato de 33 firmantes del acuerdo de paz, y en julio de 2020, en medio de una arremetida de actores armados en el norte antioqueño, 74 excombatientes y 45 núcleos familiares se vieron obligados a desplazarse forzosamente de Ituango a Mutatá.

Ante ese difícil panorama, que toca a cientos comunidades en todas subregiones del departamento, al gobernador Aníbal Gaviria le ha faltado decisión y capacidad administrativa. Capacidad para gestionar ante el gobierno nacional los recursos suficientes y que los PDET sean una realidad que transforme los territorios; decisión para acompañar a las familias que le apostaron voluntariamente al programa de sustitución; capacidad para dialogar con los firmantes del acuerdo de paz y propiciar entornos libres de violencia y estigmatización.

Por eso, el llamado es permanente y viene desde todos rincones del departamento. Y así se lo expreso al gobernador Aníbal Gaviria y al presidente Gustavo Petro: ¡En Antioquia, la paz requiere de acciones urgentes!