Foto de archivo.
En una reunión de alto nivel, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, definieron una nueva «hoja de ruta» para supervisar los beneficios judiciales de los negociadores de paz.
Bajo la lupa de la Sentencia C-525 de la Corte Constitucional, el Estado busca garantizar que la suspensión de órdenes de captura no sea una carta blanca para seguir delinquiendo.
El «Caso Calarcá»: El primer examen de la nueva metodología
El primer nombre sobre la mesa para este escrutinio es el de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’. Como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (disidencias de las Farc), ‘Calarcá’ goza actualmente de libertad para participar en la Mesa de Diálogos.
Sin embargo, con esta nueva metodología, la Fiscalía examinará periódicamente si el comportamiento de este jefe guerrillero y su estructura cumple con los requisitos mínimos para mantener su estatus de «representante». Si se detectan incumplimientos o acciones criminales paralelas, la suspensión de su captura podría ser revocada de inmediato.
Blindaje jurídico y seguimiento periódico
La metodología no es un acto aislado, sino una respuesta a los parámetros de la Ley 2272 de 2022. Entre los puntos clave destacan:
Revisiones periódicas: Se evaluarán los avances de paz frente a los acontecimientos en el territorio.
Articulación institucional: Se vincularán entidades cuya misionalidad esté ligada a la seguridad y los derechos humanos.
Cumplimiento de requisitos: No basta con estar en la mesa; se debe demostrar voluntad real de paz para conservar los beneficios judiciales.
Este anuncio se da en un momento de máxima tensión, tras la ofensiva militar en el Vaupés que afectó el núcleo de alias ‘Mordisco’. Mientras el ala de ‘Calarcá’ intenta avanzar en la negociación, la institucionalidad envía un mensaje claro: la justicia colombiana no renunciará a su capacidad de captura si los gestos de paz no son genuinos y verificables.
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