¡Rajados! Contraloría advierte grave estancamiento en la reparación a víctimas en Colombia: solo va el 5%

La Contraloría General de la República realizó Estudio Intersectorial liderado por la delegada de Inclusión Social a la Implementación de la Política Pública de Reparación Colectiva en Colombia en el periodo (2018–2025), en el que evidenció un rezago estructural y un desempeño insuficiente en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Estudio de la Contraloría en 3 departamentos y una ciudad

El análisis, que evaluó la eficacia, eficiencia y coherencia de la Ruta de Reparación Colectiva (RRC), concluye que la política en su configuración actual no satisface los principios del gasto público, comprometiendo la oportunidad y materialización de la reparación. El estudio se basó en una revisión normativa, análisis financiero con corte a agosto de 2025 y trabajo de campo en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C., territorios seleccionados por su relevancia en el conflicto y la diversidad de sujetos colectivos.

El balance de la Contraloría General de la República revela un rezago significativo en la culminación de los procesos de Reparación Colectiva. De los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país, solo 60 han logrado culminar la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), lo que equivale a un cumplimiento de apenas el 5% del total.

El tiempo promedio requerido para el cierre efectivo de un Plan Integral de Reparación Colectiva se acerca a los 10 años, duplicando ampliamente los plazos previstos en la normativa, lo que constituye un incumplimiento del principio de eficacia, y prolonga la afectación y revictimiza a los sujetos. El análisis por fases de la Ruta de Reparación Colectiva muestra que, incluso en escenarios óptimos, la permanencia de los SRC en cada etapa (Identificación, Alistamiento, Caracterización/Diagnóstico, Diseño y Formulación) duplica el tiempo esperado.

La Reparación no llegará ni al 10% en 2030

A este ritmo, la proyección de la Contraloría General indica que, si se mantiene la tendencia actual de ejecución, al año 2031 (fecha límite de vigencia de la Ley 1448 de 2011) solo el 9,4% del total de SRC habrán culminado sus procesos de reparación colectiva, lo que dejaría a más de 1.645 comunidades sin culminar sus programas, poniendo en entredicho el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz y los compromisos internacionales. Para lograr la reparación integral de los 1.645 SRC restantes, el Estado debería conseguir recursos estimados en $9 billones, a precios constantes de 2025, lo que representa un desafío significativo en términos de sostenibilidad fiscal.

Desde el criterio de eficiencia, el estudio evidencia una marcada subutilización de los recursos financieros asignados al programa. Entre las vigencias 2018 y 2025, a la UARIV le fueron asignados $930,75 mil millones para la Reparación Colectiva, de los cuales únicamente se obligaron (ejecutaron) $539,60 mil millones, lo que representa una baja ejecución presupuestal del 58%. Esta limitada utilización de los recursos denota serias debilidades de gestión en los planos administrativo, operativo y presupuestal.

Al analizar la ejecución por tipo de medida reparadora, se constató un desequilibrio: del total de 18.835 acciones definidas en los Planes Integral de Reparación Colectiva, solo se ha ejecutado el 21,94%. Las acciones de restitución, que concentran el mayor peso porcentual (44%) dentro de los planes, presentan el nivel más bajo de ejecución, con apenas un 16,19%. En contraste, la indemnización para SRC étnicos supera el 50% de ejecución.

Esta situación confirma que las medidas materiales (restitución, infraestructura y proyectos productivos) son las que menos avanzan, mientras que las simbólicas y de memoria histórica muestran mayor cumplimiento, lo que se traduce en una reparación parcial y discontinua para las comunidades. Además, se identificó una asimetría en la distribución de beneficios, ya que a la fecha no existen resoluciones de asignación de recursos para SRC no étnicos, situación que plantea interrogantes sobre la equidad y coherencia de la política en términos de cobertura tipológica.

La Contraloría identificó que los principales factores explicativos de este rezago son de orden institucional, administrativo y operativo. El trabajo de campo permitió corroborar que la alta rotación del personal técnico de ruta es uno de los factores que más afecta la eficacia del proceso. La no renovación de contratos a los profesionales de ruta implica pérdida de conocimiento, discontinuidad en la relación con las comunidades y desconfianza hacia la institucionalidad.

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En todos los territorios las comunidades señalaron que los cambios de profesionales han significado interrupciones y la necesidad de reiniciar el proceso y repetir diagnósticos, lo que genera una profunda sensación de doble sufrimiento y revictimización. Adicionalmente, la contratación extemporánea de los profesionales de ruta, concentrada en los meses de abril y mayo, introduce retrasos sustantivos en el desarrollo de las actividades programadas.

Además, se evidenció una coordinación insuficiente entre las entidades del SNARIV. El órgano de control encontró que la implementación requiere coordinación entre más de 50 entidades, pero las transiciones entre fases son lentas y dependen de procedimientos no estandarizados.

Falta de coordinación entre entidades

El análisis de las actas del Subcomité de Reparación Colectiva permitió constatar el reiterado incumplimiento de compromisos adquiridos. Desde el criterio de coherencia, aunque la UARIV mantiene una alineación formal entre los daños y las medidas formuladas, este principio no se refleja en el accionar de las entidades del SNARIV. La falta de un sistema de información integrado y confiable, con registros desactualizados e inconsistencias, limita la trazabilidad y la rendición de cuentas.

El rezago institucional, la limitada ejecución de recursos, la falta de coordinación entre entidades y los vacíos en el seguimiento interinstitucional han debilitado el impacto real de la política. La Contraloría General reitera la necesidad de adoptar medidas urgentes y sostenibles para superar el rezago operativo e institucional, incluyendo fortalecer la capacidad operativa del SNARIV, garantizar la estabilidad del talento humano técnico y mejorar la planeación y ejecución presupuestal, para asegurar una reparación real, oportuna y sostenible. Asimismo, resulta indispensable que el Estado implemente medidas disruptivas orientadas a la generación de nuevos recursos, que permitan avanzar de manera efectiva en la reparación integral de todos los Sujetos de Reparación Colectiva.

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