¡Alerta en el Valle del Cauca! La Defensoría advierte riesgo inminente de violencia en Riofrío, Trujillo y Bolívar

La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana de Inminencia para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca. La advertencia se produce ante un escenario de riesgo crítico de confrontaciones entre varios grupos armados organizados que se disputan el control de corredores estratégicos para actividades ilícitas.

El documento oficial señala la confluencia y posible choque entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

La disputa por el control del Cañón de Garrapatas y otras zonas ha generado un patrón de violencia recurrente que incluye la activación de explosivos improvisados en áreas urbanas, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.

La situación representa un riesgo grave para la población civil. La Defensoría advierte sobre la posibilidad de desplazamientos masivos y confinamientos prolongados, con especial afectación a comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

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Además, se prevén graves consecuencias para los entornos educativos, que podrían enfrentar cierres de escuelas y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La alerta también destaca las amenazas específicas contra mujeres, líderes sociales y juventudes, quienes enfrentan el riesgo de violencia sexual, extorsión y cooptación.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha formulado una serie de recomendaciones urgentes al Estado colombiano. En materia de seguridad, solicita al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares que refuercen la presencia y el control territorial en los corredores estratégicos.

Asimismo, insta al Ministerio del Interior a coordinar un plan de acción integral para garantizar la protección de comunidades vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres rurales y líderes sociales.

De igual forma, el organismo exige a la Fiscalía General de la Nación priorizar las investigaciones penales contra los responsables de los crímenes más graves.

El comunicado concluye con un llamado urgente al gobierno para que atienda estas recomendaciones de manera inmediata, pues la vida y la integridad de los habitantes de estos municipios dependen de una respuesta efectiva y coordinada.